PP y PSOE han sumado fuerzas en la Mesa del Congreso para aceptar el primer veto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Cs para mejorar la autonomía de las universidades y que coincide con el caso de la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

Ante esta decisión de la Mesa, fuentes de Ciudadanos han confirmado que presentarán un recurso que se verá la próxima semana en la Junta de Portavoces del Congreso.

PP y PSOE han aceptado los argumentos del Ejecutivo, que se ha acogido al precepto constitucional que le permite bloquear la tramitación de aquellas iniciativas que considera supongan un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.

El Gobierno considera que la proposición del grupo de Ciudadanos comportaría un aumento de los gastos de cinco millones de euros y por ello ha decidido vetar su tramitación parlamentaria.

Por su parte, fuentes del PP han asegurado a EFE que han aceptado el veto del Ejecutivo por coherencia al ser una atribución constitucional del Gobierno, y critican el cambio de actitud del PSOE.

Durante su etapa en la oposición, los socialistas criticaron con dureza los vetos planteados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al entender que cercenaban la competencia legislativa de la Cámara Baja.

Un conflicto que tuvo un punto de inflexión el pasado mes de abril, cuando el Tribunal Constitucional sentenció a favor del Congreso en un conflicto de atribuciones presentado por el Gobierno del PP cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos impuestos por el Ejecutivo.

La iniciativa ahora vetada por el Gobierno socialista contemplaba medidas para mejorar la transparencia en las universidades, como la implantación de un software antiplagio o la creación de un Consejo que permitiera presentar de forma anónima sospechas de mal funcionamiento en el ámbito universitario.

Su propósito declarado por los promotores de la proposición de ley era mejorar los controles internos para evitar casos como el máster de Cristina Cifuentes, cuya supuesta obtención irregular está sometida a investigación judicial, con varios imputados, entre ellos la propia Cifuentes, por los delitos de falsedad documental y por cohecho.