Amnistía pide a España que suspenda de inmediato la venta de armas a Perú

Amnistía Internacional ha pedido este viernes al Gobierno español que suspenda "de forma inmediata" la venta de armas y material antidisturbios a Perú, al considerar que podría servir para reprimir las protestas que comenzaron el pasado 7 de diciembre y que se han saldado con al menos 41 muertos.

En un comunicado, AI ha advertido al Ejecutivo de que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la policía peruana usen el material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición para cometer "graves violaciones de los derechos humanos".

Por eso, ha pedido al Gobierno que suspenda "con carácter inmediato" cualquier nueva autorización o envío a Perú de este tipo de material.

Desde que iniciaron las protestas el 7 de diciembre, Amnistía ha documentado operaciones "muy preocupantes" con el objetivo de reprimir a quienes se manifiestan en localidades de todo el país y ha recordado que desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea.

Esta ONG cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los que cerca de 40 millones eran de material antidisturbios. En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.

La sección española de AI ha pedido por carta la suspensión de estas exportaciones a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, también presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas, cuyas decisiones son secretas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

La carta solicita además que se revoquen la autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos.

Y pide que se mantenga esta medida hasta que "los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza".

Además, Amnistía plantea que mientras no se adopten estas propuestas, se apliquen, como mínimo, medidas reforzadas de mitigación del riesgo que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el Gobierno español.