Un juzgado de Sevilla ha citado como investigada a una persona que presuntamente suplantó la identidad del secretario general de la asociación Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en una gestión relacionada con su compañía telefónica.

En una providencia dictada el pasado 26 de abril a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla acuerda la declaración de esta persona para el próximo 10 de junio a las 11.40 de la mañana, aunque su comparecencia se realizará por videoconferencia porque reside fuera de Andalucía.

Los hechos que la magistrada investiga desde hace varios años se remontan a mediados de 2018 cuando, simulando ser Sánchez y facilitando su nombre y carné de identidad, alguien llamó al teléfono de atención al cliente de la compañía con la que tenía contratada la línea fija de su domicilio y los móviles de su mujer y sus hijas.

El objetivo de la llamada fue solicitar un cambio en la cuenta de correo electrónico donde recibía las facturas y modificar la contraseña de acceso a su zona privada en la web.

El autor logró así conocer la dirección del domicilio y las numeraciones telefónicas privadas del secretario general de Facua y su familia, que no aparecían en ninguna guía, además de acceder a información sobre los números de teléfono a los que llamaban, según ha informado la propia asociación.

Al comprobar que habían dejado de llegarle las facturas y que tampoco podía acceder a su zona privada en la web de su compañía telefónica, Sánchez contactó con la empresa para aclarar lo ocurrido y le explicaron que se habían producido cambios en su correo electrónico y contraseña tras una supuesta petición realizada por él mismo.

El secretario general de Facua interpuso entonces una denuncia en los juzgados y solicitó que se requiriese a su compañía el número de teléfono desde el que se habían realizado las llamadas para suplantar su identidad y acceder a su domicilio y datos de facturación.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla abrió diligencias previas para investigar un posible delito de usurpación del estado civil, que el Código Penal castiga con condenas de prisión de seis meses a tres años, y otro de descubrimiento y revelación de secretos, penado con uno a cinco años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses.

La jueza ordenó a la operadora de telecomunicaciones que facilitase el número desde el que se produjo la llamada inicial, que pertenece a otra compañía distinta que a su vez identificó al titular de la línea.

Una vez practicada esa diligencia, el juzgado pidió a la Policía Nacional que averiguase el domicilio del sujeto, tras lo cual ha decretado su imputación en la causa como investigado. EFE

lal/dt/jlg