La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un nuevo informe al juez del caso Koldo en el que subraya el papel de dos altos cargos del actual Gobierno y de otro de Adif en la contratación de la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas en pandemia.

En ese informe, al que ha tenido acceso EFE, señala el rol de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y entonces director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, y de José Manuel Gómez, que sigue siendo subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible de ese departamento.

También el de Michaux Miranda, que era y es director general de Gestión de Personas de Adif y de Álvaro Sánchez Manzanares, que era secretario general de Puertos del Estado.

En el análisis de las comunicaciones dentro de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la UCO subraya que ha encontrado correos "reveladores" sobre la participación de altos cargos del ministerio con "dependencia directa" del ministro José Luis Ábalos.

La conclusión es que hay indicios de que la toma de decisiones relativas a la contratación de Soluciones de Gestión correspondió a "elevados niveles de decisión" dentro del Ministerio.

El informe detalla la participación "relevante" de Álvaro Sánchez Manzanares, cesado el pasado mes de marzo por el actual ministro, Óscar Puente, en la gestión de contratación de esa empresa y en la interlocución con la misma.

Sánchez Manzanares tuvo comunicación directa con Víctor de Aldama, empresario considerado uno de los principales responsables de la trama.

En el caso de José Manuel Gómez, la Guardia Civil aprecia "suficientes indicios" de que la Subsecretaría del ministerio que él dirigía "asumió un rol clave" en transmitir la decisión de contratar con esa empresa a los entes que tenían que ejecutarla (Puertos del Estado y ADIF).

Hay correos electrónicos en los que ejerce de "correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores" y también le atribuyen un papel en "el seguimiento y control" de que se las adjudicaciones llegaran a término.

La Guardia Civil tomó declaración al subsecretario como testigo en febrero de este año, pero ahora entiende que su afirmación de que no participó de manera ni directa ni indirecta en las adjudicaciones "se ha revelado alejada de la realidad".

Y algunas de esas tareas recayeron en Sánchez Fuentefría -siempre según la UCO-, que dependía de Gómez y en el que recayó la comunicación con Sánchez Manzanares en Puertos del Estado y con Michauz Miranda en ADIF.