Quince de los detenidos en la operación policial contra una supuesta trama acusada de amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico permanecerán en comisaría hasta pasar a disposición judicial en los próximos días, entre ellos empresarios y cargos públicos.

La Policía Nacional está llevando a cabo una macrooperación en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León en la que se prevén más de cuarenta detenciones, entre cargos técnicos municipales, y casi cincuenta registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que dirige la operación, ha ordenado 49 registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades, así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de al menos cinco autonomías distintas.

De todas las detenciones realizadas en la operación de hoy, está previsto que inicialmente sean quince los arrestados, entre los que hay empresarios y cargos públicos, que permanecerán en comisaría antes de pasar en los próximos días a disposición del titular del juzgado de instrucción 2 de Badalona.

La causa, declarada secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Entre los detenidos en la operación de hoy se encuentra el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, el primero de esta formación arrestado por corrupción, así como un teniente de alcalde de la localidad.

También han sido arrestados los dos responsables de la empresa Aplicaciones Gespol, en el epicentro de la supuesta trama, un subinspector de la Policía Local de Plasencia, así como el excoordinador y actual asesor de Ciudadanos en la Diputación de León Sadat Maraña y al portavoz en el Ayuntamiento leonés de San Andrés de Rabanedo, Juan Carlos Fernández.

La investigación se centra en la contratación supuestamente irregular por parte de administraciones públicas de contratos sin concurso público del software necesario suministrado por Gespol para la instalación de "puntos rojos" para la regulación del tráfico con semáforos.