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IU se personará en la Operación Enredadera para tener acceso a información

León, 4 jul (EFE).- La coordinadora general de IU en León, Eloina Terrón, ha anunciado hoy que la coalición se personará en la causa judicial abierta por la Operación Enredadera contra la corrupción municipal para tener acceso a la información y saber "qué es lo que está pasando".,En rueda de prensa, Terrón ha reclamado la dimisión de todos los cargos públicos investigados en esta causa y que se celebren plenos en los ayuntamientos supuestamente afectados por la trama en la provincia (León, San

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:43

La coordinadora general de IU en León, Eloina Terrón, ha anunciado hoy que la coalición se personará en la causa judicial abierta por la Operación Enredadera contra la corrupción municipal para tener acceso a la información y saber "qué es lo que está pasando".

En rueda de prensa, Terrón ha reclamado la dimisión de todos los cargos públicos investigados en esta causa y que se celebren plenos en los ayuntamientos supuestamente afectados por la trama en la provincia (León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo) para que se den explicaciones a los ciudadanos.

"Tenemos que echar a la corrupción de las instituciones porque en caso contrario se produce una desafección y pérdida de confianza de los ciudadanos", ha señalado.

Además, la concejala de León en Común en el Ayuntamiento de León, Victoria Rodríguez, ha señalado que le parece "gravísimo" que el empresario leonés José Luis Ulibarri, "que controla importantes medios de comunicación en la provincia aparezca como el cabecilla de la trama".

En la operación de ayer se practicaron 55 registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades vinculadas con esta supuesta trama en todo el país y que se investiga por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en la administración pública, malversación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Los hechos presuntamente delictivos, que salpican a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, se remontan a 2012 y 2013, cuando supuestamente se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria.

La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

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