La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha garantizado este lunes que la Ley por el Derecho a la Vivienda seguirá su tramitación parlamentaria pese al nuevo borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ve problemas constitucionales.

El nuevo borrador critica con dureza su contenido y advierte de los diversos problemas de orden constitucional que, a su juicio, puede acarrear, entre ellos conflictos competenciales.

A lo largo de sus 60 páginas, la propuesta de informe se refiere al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "farragoso", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno", entre otros, y señala que sus directrices generales están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

En una rueda de prensa tras reunirse con la consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, la ministra no se ha pronunciado sobre el contenido del documento, argumentando que no ha tenido acceso a él, pero ha recordado que se trata de un informe "preceptivo, no vinculante".

"Es un informe que no es vinculante, es preceptivo, por eso el Gobierno ha esperado a que el jueves que viene el CGPJ apruebe este informe, que parece que ya conocen los medios, pero al que yo no he tenido acceso", ha indicado la ministra.

"Esta ley va a seguir su tramitación parlamentaria. Más allá del contenido de ese informe, este Gobierno cree que la vivienda debe estar considerada como un bien esencial, como un pilar del Estado del Bienestar, junto con las pensiones, la sanidad, la educación y el resto de servicios sociales que debemos procurar desde la política publica, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, esta ley de vivienda es lo que pretende", ha concluido. EFE

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