El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han acordado una serie de normas de prevención y seguridad frente al COVID-19 para todos los funcionarios de este área, que limita al mínimo el número de personas que accede a los órganos judiciales y otras dependencias, así como el tiempo de exposición.

Asimismo, se dispondrá de geles hidroalcohólicos o jabones líquidos para el uso sistemático de quienes accedan a la sede, a la vez que se dotará de mascarilla al usuario, justiciable o detenido con algún tipo de afección respiratoria.

También se establecerá una distancia mínima de seguridad de dos metros, tanto en los accesos como en los espacios de atención al público y se intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección de los espacios de trabajo.

Justicia fomentará el teletrabajo y en las dotaciones mínimas de los servicios esenciales establecidos se excluirá a las personas consideradas de riesgo (patologías previas, embarazo, lactancia u otras).

Se limitarán, en lo posible, los traslados de detenidos y presos a la sede judicial, por lo que se arbitrará el sistema de videoconferencia o cualquier otro que permita la comunicación bidireccional de sonido e imagen.

Al mismo tiempo, se distanciarán temporalmente los señalamientos o las citaciones, en cuanto fuera posible, para evitar la acumulación de personas en las sedes judiciales, entre otras medidas.