El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido hoy ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que nunca ha promovido ni asumido ninguna actuación violenta para lograr sus fines políticos y que jamás se ha destinado un solo céntimo de las arcas públicas al proceso independentista.

Junqueras se ha referido así a preguntas de su letrado durante la vista indagatoria que se ha celebrado esta mañana en el alto tribunal para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Según informan fuentes de ERC, ha insistido -como en anteriores declaraciones judiciales- que nunca ha promovido ni tolerado ni asumido como posible una actuación violenta para la persecución de sus fines políticos ya que antes que independentista, se define como un demócrata y militante de la no-violencia.

En cambio, ha considerado inadmisible la violencia policial del 1-O puesto que, en su opinión, una votación popular masiva no se podía reprimir por la fuerza y hacerlo fue una desproporción injustificada.

Junqueras, que ha declarado unos 40 minutos, también ha manifestado que era perfectamente consciente de que el referéndum del 1-O no constituía ningún delito y que no se gastó ni un céntimo de las partidas presupuestarias anuladas por el Tribunal Constitucional (TC) y supuestamente vinculadas con el referéndum.

Por todo ello, ha querido dejar claro que su procesamiento vulnera el principio de legalidad porque no ha hecho nada que puedo interpretarse constitutivo de los delitos que le imputan.

El exvicepresidente, que permanece en la prisión madrileña de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, ha cargado contra el Supremo al asegurar que está encarcelado por un tribunal que no tiene competencia para conocer del proceso en una vista en que se vulneraron todos sus derechos, por lo que pierde así el derecho a una revisión del caso por un tribunal superior.

Y ha afirmado que el procedimiento judicial lo que pretende anular es el movimiento político que representa y cercenar los derechos políticos que ostenta y los de quienes le votaron.

Además, se ha quejado de que debido a su encarcelamiento no puede tener acceso normal a las actuaciones para trabajar en su defensa ni trabajar con su letrado en condiciones, ya que se le está investigando en otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona donde, asegura, no puede defenderse.

Ya en un plano más político, ha reiterado que el conflicto en Cataluña es ante todo político y que por tanto se tiene que solucionar desde este ámbito y nunca judicializarlo, al tiempo que ha insistido en que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación y que defender la independencia y promoverla es plenamente legal.