El juez Santiago Vidal, que fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2015 a raíz de la redacción de un proyecto de Constitución para un hipotético Estado catalán, se ha jubilado a los 65 años de edad.

La jubilación, publicada en el BOE, llega medio año después de que Vidal volviera a la carrera judicial tras cumplir los tres años de suspensión que le fue impuesta por el CGPJ.

En mayo de 2019, Vidal ganó la plaza de titular del juzgado número 27 de lo social en Barcelona, cargo que ha ocupado hasta la jubilación.

En febrero de 2015, Santi Vidal fue suspendido durante tres años por el CGPJ en una resolución que se aprobó por una votación ajustada, ganada por doce votos a nueve por los vocales conservadores del consejo que consideraron que redactar un proyecto de Constitución catalana era "una falta muy grave".

Una vez cumplida la sanción impuesta, en 2018, el CGPJ denegó el reingreso del juez al servicio activo en la carrera judicial por falta de aptitud en base a un artículo de la Ley Orgánica del poder Judicial que el Tribunal Constitucional anuló posteriormente.

Por este motivo, el Tribunal Supremo reconoció el pasado mes de marzo el derecho de Vidal a reincorporarse como juez, pese a estar investigado por los preparativos del referéndum del 1-O por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que finalmente lo ha acabado exculpando.

Tras la sentencia del Supremo, Vidal, que antes de su suspensión era magistrado de una sección penal de la Audiencia de Barcelona, tenía la obligación de participar en el primer concurso en el que se anunciaran plazas de su categoría y solicitar todas las vacantes hasta que se le concediera destino en propiedad.

El juez fue elegido senador por ERC en las elecciones generales de 2015, pero dimitió del cargo en 2017 al trascender que había revelado en varias conferencias que el Govern estaba recabando ilegalmente los datos fiscales de los catalanes y disponía de una partida camuflada de 400 millones de euros para preparar las llamadas estructuras de Estado.

Fue precisamente la publicación de esas conferencias lo que dio pie a la investigación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O, en el que están procesadas una treintena de personas, entre ellas numerosos excargos de la Generalitat.