//Actualiza la NA4112 con la providencia sobre otros dos investigados acerca de los que el juez también pregunta al fiscal//

El juez que investiga el caso Tsunami, Manuel García-Castellón, ha preguntado a la Fiscalía y al resto de acusaciones si procede dictar órdenes de busca y detención contra los imputados que no se presentaron el miércoles en el juzgado de Barcelona para declarar por videoconferencia.

No es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; del empresario Oriol Soler, miembro del "estado mayor" del 1-O; o de Josep Lluís Alay, asesor el expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyas citaciones se aplazaron.

Respecto a los dos primeros, el magistrado pide a sus defensas que anuncien si están en disposición de asistir a la citación que pueda fijarse en la última semana del mes de mayo o la primera de junio; y respecto a Alay, solicita a su abogado que informe sobre su estado de salud.

La consulta sobre si proceden órdenes de busca y captura afecta, por tanto, al exconseller de ERC Xavier Vendrell, que vive entre España y Colombia; al dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra; al escritor y empresario gerundense Josep Campmajó; y al periodista Jesús Rodríguez, todos ellos en Suiza, desde donde el magistrado no permitió que declarasen por no alargar el procedimiento.

En otra providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el juez pregunta al fiscal "si procede decretar medida cautelar personal alguna a la vista del resultado negativo de la localización" del informático Jaume Cabani Massip.

En cuanto al investigado Nicola Flavio G. Foglia, acuerda emitir Comisión Rogatoria a Suiza para verificar si reside en Lugano y, en su caso, pide a las autoridades helvéticas que aporten, "con carácter urgente, los datos concretos del domicilio" y le citen para que comparezca "presencialmente ante este Juzgado, quedando pendiente de fijar la fecha según resulte de las diligencias interesadas".

La única de los investigados por Tsunami en la Audiencia Nacional que acudió el miércoles a la cita con el juez fue la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, que quedó en libertad tras una breve comparecencia en la que defendió que el independentismo no es un movimiento violento. EFE

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