El interventor adjunto de la Junta Luis Hinojosa ha declarado hoy que el sistema de las ayudas de los ERE era "absolutamente irregular" y el consejero de Empleo -hay dos entre los 22 acusados- tenía competencias para pararlo, ya que "pudo modificar la estructura de los créditos para revertir la situación".

Hinojosa ha testificado en la pieza política del caso ERE en la que se juzga por prevaricación y malversación a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el "procedimiento específico" usado para dar y pagar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Lo ha hecho como testigo de la defensa del exinterventor general Manuel Gómez, presente en la sala, que ha pasado con este testimonio a la posición que tuvo en la instrucción del caso sobre la posibilidad del Ejecutivo de cambiar el sistema tras sus avisos.

Posición que suavizó durante su interrogatorio como acusado en el juicio, lo que no ha evitado que varios ex altos cargos procesados, en sus declaraciones o a través de testigos, se hayan escudado en que el órgano fiscalizador es la Intervención y no dio la alerta que hubiera obligado a parar las ayudas pues sólo indicó deficiencias administrativas.

Hinojosa, que fue adjunto del interventor general en materia de fiscalización del 2000 al 2016 (ahora lo es en auxilio judicial), ha dicho, a preguntas del abogado de Gómez: "Claro" que el consejero de Empleo tenía competencias para revertir un sistema que hacía "imposible" para la Invervención controlar el destino final de los fondos.

Ese sistema, que se implantó en 2001 siendo consejero de Empleo José Antonio Viera y viceconsejero Antonio Fernández (luego consejero), ambos acusados, consistía en que durante una década la Dirección General de Trabajo dio 850 millones en ayudas que pagaba el ente público IFA/IDEA con fondos que le enviaba la consejería mediante transferencias de financiación.

La Intervención alertó en sus informes del uso "inadecuado" de esa herramienta y de que las ayudas no tenían fiscalización previa.

Hinojosa ha explicado que el interventor de Empleo sólo fiscalizaba formalmente la transferencia de fondos en sí pero no la concesión de la ayuda porque ésta no tenía "documento contable", es decir, no había "expediente de gasto" que controlar y una fiscalización sin aquel sería "irregular".