El Gobierno está convencido de que los condenados por el "procés" no lo volverán a hacer, ya que la pena de inhabilitación se mantiene, el indulto está condicionado a que no cometan otro delito grave y políticamente son conscientes de que en 2017 condujeron a Cataluña a un precipicio.
Fuentes del Ejecutivo restan así también importancia a la falta de arrepentimiento. Están convencidos de que la vía elegida es la mejor para intentar restablecer la concordia y la convivencia en Cataluña a través del diálogo y creen que ningún preso puede condicionar que el Gobierno quiera abrir una nueva etapa y tender puentes.
La prisión de los condenados por el procés, según estas fuentes, era el "principal escollo" para el diálogo, un "callejón sin salida" y los indultos quitan además argumentos a los independentistas, que apelaban al victimismo.
Que hubiera líderes políticos en prisión en una democracia occidental, añaden, es algo también muy excepcional y en Europa y en el resto del mundo no se entendía que hubiera penas tan elevadas.
Creen en Moncloa que tomando la iniciativa hacen política con mayúsculas, pasan página y abren una nueva etapa.
Reconocen que fueron condenados por hechos muy graves, pero insisten en la necesidad de pasar página porque ha habido errores en ambas partes: el independentismo ignoró a la mitad de Cataluña y los Gobiernos de España también dieron la espalda a ese movimiento independentista.
Desde el Gobierno insisten en el respeto al Estado de derecho y no temen por la unidad de España, que ven garantizada. El Supremo dictó una sentencia firme, que el Gobierno no revoca y que ha tenido consecuencias, ya que los condenados han estado más de 1.300 días en prisión
A su juicio, los indultos son lo mejor para el interés general, un "primer paso" para devolver la normalidad a Cataluña y a las relaciones institucionales y afectivas entre los catalanes y el resto de los españoles.
Tenían que intentarlo, apuntan, y confían en que generen el clima propicio para hablar.
Insisten la fuentes en la apuesta por el diálogo como único cauce para resolver este conflicto y recuerdan que ya sirvió para reconciliar en los años setenta a personas que se habían enfrentado en una guerra y en una dictadura, que fueron capaces de acordar una Constitución.
El Ejecutivo apuesta por superar la "espiral tóxica" actual, empezar a reconocerse como realidades políticas y hacerlo "con cerebro y no desde las vísceras".
La mesa de diálogo está pendiente y en ella se sentará el Gobierno con "límites claros", la Constitución y la ley, subrayan la fuentes.
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Aspira el Gobierno a una solución trasversal como cree que fue el Estatut de 2006, que recibió el apoyo del 74 % de los catalanes.
La respuesta a la actual situación, apuntan las fuentes, no puede ser mantener el enfrentamiento o llenar un barco Piolín de policías, sino buscar un proyecto "atractivo" capaz de seducir a la gran mayoría de los catalanes. EFE