El Tribunal Supremo ha condenado a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de sedición por el papel "decisivo" que tuvo en crear una "legalidad paralela carente de validez" desde su "privilegiada posición" como presidenta de la cámara autonómica.

Según la sentencia del Supremo notificada hoy, gracias a Forcadell -a quien la Fiscalía pedía 17 años de cárcel por rebelión y la Abogacía del Estado 10 años por sedición- se aprobó dicha legalidad paralela, lo cual "determinó una encadenada sucesión de recursos e impugnaciones del Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional". Esas impugnaciones, dice la sentencia, "fueron altivamente desatendidas por la acusada, que desoyó, una y otra vez, los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional".

Para el Supremo, Forcadell entorpeció "gravemente" los mandatos judiciales del Constitucional, del TSJ de Cataluña y del juzgado de instrucción 13 de Barcelona (que investigan el proceso soberanista), los cuales gracias a su colaboración "fueron claramente burlados".

"Ante la consigna 'a la defensa de nuestras instituciones' (Forcadell) alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", dice el Supremo.

También se refiere a su papel como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ya que "proyectó su actividad pública más allá del ámbito parlamentario apoyando decididamente al Govern en las decisiones concernientes a la preparación del referéndum y a las entidades ANC y Omnium Cultural en las movilizaciones que propiciaron". De esta manera, inciden los jueces, "desbordó los contornos de la posición institucional que ostentaba y quebrantó el deber de neutralidad inherente a la misma".

En conclusión, el Supremo justifica su condena por un delito de sedición en su "decisivo papel en la dirección de un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado".

SU REACCIÓN

Forcadell ha denunciado tras conocer la sentencia que la "injusticia se ha consumado" y ha lamentado que la democracia vive "un día oscuro". "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo donde haga falta", ha escrito en Twitter.

La expresidenta de la Cámara catalana ha advertido de que "hoy la democracia vive un día oscuro", pero en momentos así ha pedido no dejarse vencer por "el derrotismo", al tiempo que ha añadido: "¡Saldremos adelante!".

 

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!

— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019