El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal interroga desde el lunes a una treintena de investigados por su presunta vinculación con la red desarticulada en la llamada Operación Secreto y que estafó más de 12 millones de euros mediante un fraude con tarjetas de entidades bancarias de Estados Unidos.

Por esta estafa, cuyo centro de operaciones se ubicaba en un hotel de Cáceres, permanecen en prisión tres presuntos cabecillas de la red tras haber quedado en libertad con fianzas otra decena de imputados que fueron detenidos a lo largo del año en que se ha extendido esta investigación y durante el que se han producido más de un centenar de arrestos, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Ahora, tras levantarse el secreto de esta operación el pasado enero y hacerla pública la Policía Nacional el pasado miércoles, el magistrado ha citado entre el 8 y 17 de febrero a esa treintena de investigados, entre los que figuran propietarios de los supuestos comercios "conniventes" con la trama, algunos de los cuales alegan haber sido engañados por los integrantes de esta red.

Un Juzgado de Instrucción de Badajoz abrió esta investigación en diciembre de 2019, al conocer, a través del servicio secreto de Estados Unidos -de ahí el nombre de la operación policial- y de una denuncia del banco americano Synovus bank, la existencia de una organización criminal compuesta por individuos de nacionalidad griega y española, que tenía en España su "epicentro operacional".

Al constatar el carácter internacional de la trama y que se extendía a otras comunidades autónomas, el juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional el pasado julio.

La causa se ha mantenido bajo secreto hasta la detención en enero de dos de los cabecillas que, según uno de los autos de la causa a los que ha tenido acceso Efe, contribuían "a enriquecer ilícitamente las cuentas bancarias de las mercantiles americanas" para dar apariencia de tener una actividad legal y estabilidad temporal.

En el momento que conseguían las tarjetas se las hacían llegar a otros miembros de la red en España y Alemania, donde se ha detectado una ramificación de la trama y donde un testigo señaló que le ofrecieron 20.000 euros por permitir pasar esas tarjetas en el TPV de su comercio.

Metodología que empleaban también en España, usando TPVs de comercios que ellos mismos daban de alta, además de usarlas en comercios de terceras personas presuntamente a cambio de una comisión.

Tras pasar las tarjetas con importes que podían rondar los 50.000 euros en unas horas, aprovechaban "el desfase de autorización de las transacciones para recuperar el saldo y seguir reinvirtiéndolo".

De este modo, cuando el banco americano observa que a la semana siguiente de que se haya producido el cargo en España éste no ha sido autorizado, "devuelve el dinero a la cuenta de su cliente pensando que la transacción no se ha materializado".

Se produce así un descubierto en la cuenta bancaria "originando un perjuicio económico en la entidad bancaria americana, ya que no pueden reclamar el dinero al titular" porque en ese momento ya ha abandonado el país.

La investigación ha permitido descubrir 126 comercios presuntamente conniventes con esta trama en Almería, Barcelona, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Jaén, Madrid, Málaga, Toledo y Valencia.