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La cúpula fiscal se reúne para decidir si se aplica la amnistía a Puigdemont

La cúpula fiscal se reúne este martes para fijar una postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el 'procés' deben ser amnistiados de todos sus delitos, así como si se deben pedir también al Supremo que levante las ordenes de detención nacionales.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 07:49

La cúpula fiscal se reúne este martes para fijar una postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el 'procés' deben ser amnistiados de todos sus delitos, así como si se deben pedir también al Supremo que levante las ordenes de detención nacionales.

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera fiscal, que se celebrará este martes.

El motivo es que no están de acuerdo con la orden dada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les ha instado a pedir al alto tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, cuando los cuatro fiscales aseguran que no se puede perdonar la malversación por ser "improcedente y contraria a las leyes".

Sobre la mesa, dos posturas enfrentadas. Los cuatro fiscales del 'procés' abogan por dejar fuera de la amnistía la malversación, dado que -sostienen- la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea y este es uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden tampoco se pueden alzar las ordenes de detención nacional vigentes.

Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados en el desvío de fondos públicos para el 'procés', y que rechaza asimismo que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O.

Además, avala levantar las ordenes nacionales de detención porque "desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo" su alzamiento en base al "imperio de la ley".

La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.

Como ya anunciaron cuando le presentaron al fiscal general su informe contrario a amnistiar a Puigdemont y al resto de líderes independentistas, los cuatro fiscales quieren que las discrepancias existentes sean escuchadas por la cúpula de la carrera.

Y si, tras la Junta, en la que la última palabra la sigue teniendo García Ortiz, se mantiene el criterio del fiscal general, creen que éste debería asumir la causa o designar a otro fiscal para que lo haga, como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, ellos se apartarían. Después, es el Tribunal Supremo quien debe decidir cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos.

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