Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas e identificado a otras cuatro por su presunta relación con la ocupación del Hotel Cortés de Barcelona, vinculado a capital israelí, en una protesta propalestina convocada por entidades sociales y sindicatos el pasado 21 de octubre.

Los detenidos están relacionados con entidades en defensa del derecho a la vivienda, como el Ateneu La Base, el Sindicato de Barrio del Poble Sec, el Grupo de Vivienda de Tres Turons y el Sindicat de Llogateres, según ha informado el colectivo de abogados Alerta Solidària que los representa.

En concreto, están acusados de participar en la protesta propalestina que ocupó el Hotel Cortés de Barcelona, lo que motivó que los Mossos d'Esquadra intervinieran para desalojar a los activistas que se habían concentrado en el vestíbulo del establecimiento turístico.

La movilización tuvo lugar el pasado 21 de octubre, cuando un centenar de manifestantes ocuparon durante cerca de una hora el Hotel Cortés, que aseguran es propiedad de un magnate israelí vinculado a la industria militar del país, en protesta por la ofensiva israelí en Gaza.

Los ocupantes accedieron a los balcones de la fachada del edificio, donde retiraron las banderas de varios países que ondeaban en ella y las sustituyeron por otras palestinas.

De hecho, el propio Hotel Cortés ha presentado una querella en los juzgados de Barcelona en los que acusa de un delito de odio no solo a los activistas que ocuparon el establecimiento, sino además a las entidades convocantes: la Comunidad Palestina de Cataluña y la plataforma Prou Complicitat.

De esta última plataforma, forman parte una veintena de partidos, sindicatos y entidades sociales contra los que también se dirige la querella, entre ellas Barcelona en Comú, CC.OO., UGT, USTEC, el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña y el de Barcelona.

En paralelo a la denuncia, los propietarios del hotel han presentado una queja al Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación de la Generalitat, en la que piden sanciones económicas contra los organizadores del acto de protesta.