El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que revise las progresiones de grado a presos de ETA concedidas por el Gobierno Vasco al entender que ninguno de los que han accedido al tercer grado "tiene intención de reinsertarse".

Covite ha hecho público un comunicado en el que explica que ha estudiado "detenidamente los casos de los ocho presos de ETA a los que el Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado" y asegura que se trata de miembros de la banda terrorista "orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale".

Esta asociación da los nombres de quienes han accedido al tercer grado -el exdirigente José María Arregi Erostabe ('Fiti'), Francisco José Ramada Estévez, José Ángel Lerín Sánchez, Unai Fano Aldasoro, Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés Beitia, Egoitz Coto Etxeandia y Ugaitz Pérez Sorriketa- y recalca que todos "siguen vinculados ideológicamente a ETA".

Sólo Arregi Erostarbe, precisa, podría acceder al tercer grado "dada su avanzada edad" y "atendiendo exclusivamente a cuestiones humanitarias" -el exjefe de ETA va a cumplir en marzo 76 años-.

Covite ha acusado al Gobierno Vasco de "mentir" por haber asegurado a la asociación "que sólo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción y de desvinculación ideológica de ETA, tal y como establece la Ley".

La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, recalca que nunca se han "fiado de las intenciones del Gobierno Vasco. "Mientras ETA mataba no querían ser carceleros y ahora que ETA no mata, nos temíamos que buscasen trampas y vías rápidas para que salieran de la cárcel en cuanto tuvieran la transferencia de prisiones. Este primer movimiento del Ejecutivo vasco no ayuda a que nuestras sospechas amainen", destaca.

Y agrega que confían "plenamente en el trabajo que está haciendo la Fiscalía". "Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco", ha afirmado Ordóñez.

Covite, que va a estar "muy pendiente de todo lo que haga" el Gobierno Vasco, afirma que si la Audiencia Nacional "comprueba que las decisiones adoptadas" por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se ajustan a la legalidad", acatarán la resolución.