Comienza este lunes en Sevilla el juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 07:46

El juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria que juzgará el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina comienza este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla procesó al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en el año 2009 a la empresa Aceitunas Tatis, con domicilio social en la localidad jiennense de La Carolina, de forma que Pérez-Sauquillo ha sido ya procesado en las siete primeras piezas del caso.

En un auto fechado el 9 de junio de 2017, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas procesó a Pérez-Sauquillo y a la que fuera administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Asimismo, el instructor archivó esta pieza respecto al exdirector general de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y el exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido al entender que "no queda debidamente acreditado que por parte de estos investigados hubiese existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno".

SEIS AÑOS DE PRISIÓN

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para Pérez-Sauquillo seis años de prisión y 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos y diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

De igual modo, la Fiscalía reclama dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para la que fuera administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, pidiendo además que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a Invercaria en la cantidad de 108.732,22 euros.

Anticorrupción, asimismo, relata que la empresa Aceitunas Tatis se constituyó el 27 de septiembre de 2004 con domicilio social en La Carolina, siendo su objeto social el comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios, la fabricación de jugos y conservas vegetales y cualquier otra actividad relacionada con las descritas.

El capital social de la empresa era de 3.060 euros, dividido y representado por 90 participaciones sociales iguales, de 34 euros y suscritas por sus socios, entre ellos la administradora única de la sociedad.

En este sentido, añade que, en fecha no determinada pero en todo caso antes de enero de 2009, la acusada, "acuciada por las deudas y la deficiente situación económica" de la empresa, acudió a solicitar un aval a la agencia IDEA, que le fue finalmente concedido el 19 de enero de 2009.

Además, la Fiscalía asevera que la situación económica de la mercantil era "de tal gravedad" que, "a pesar de contar con la concesión del aval tras la tramitación del pertinente expediente, no pudo ser formalizado, debido a que la empresa no obtenía financiación por medios privados, de tal manera que terminó renunciando al aval".

DECISIÓN "PERSONAL" DE PÉREZ-SAUQUILLO

Con anterioridad a junio de 2009, y "aprovechando que había sido puesta en contacto" con Pérez-Sauquillo, la acusada acudió a la sede de Invercaria y "logró acceder directamente" a su presidente y consejero delegado, "llegando incluso a interrumpir una reunión que mantenía con otros directivos de la sociedad".

Al hilo, Anticorrupción precisa que, "sin ninguna solicitud previa y sin aportar ningún documento, y sobre todo sin ningún análisis" de los establecidos en el Plan Director de Invercaria, la administradora única de Aceitunas Tatis obtuvo un préstamo participativo de 100.000 euros "gracias a la personal decisión" de Pérez-Sauquillo.

"Toda la documentación existente en Invercaria relativa a Aceitunas Tatis ha sido aportada con posterioridad, bien con la finalidad de aparentar la existencia de una mínima tramitación en cuanto al fondo, bien porque la acusada pretendía incrementar las ayudas en 450.000 euros más sin que desde luego obtuviera la misma", asevera.

De este modo, el préstamo participativo fue otorgado el 19 de junio de 2009, aunque el destino del capital "no fue sino el pago a acreedores, sin que respondiera a ningún fin propio de capital riesgo", dice la Fiscalía, añadiendo que el expediente de concesión del préstamo "está huérfano de toda documentación".

DOCUMENTACIÓN AÑADIDA TRAS LA CONCESIÓN DEL PRÉSTAMO

En este punto, afirma que solo consta la resolución de concesión de un aval de la agencia IDEA de 19 de enero de 2009 por 80.000 euros y "no formalizado", la ficha de entrada en preanálisis, fechado en junio de 2009, "de escaso contenido, no más que datos societarios y sin un preanálisis real", o la presentación en formato digital Power Point del Plan de Negocios.

"Sin embargo, esta documentación fue indiciariamente añadida al expediente con posterioridad a la decisión de concesión de un préstamo", remarca Anticorrupción, que asevera que el préstamo "nunca fue solventado, ni en su principal ni en sus intereses".

Posteriormente a la concesión del préstamo participativo, el Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Jaén declaró el concurso voluntario de Aceitunas Tatis.

El Ministerio Fiscal pone de manifiesto que "el pretendido plan de negocios aportado" por la acusada "no es un plan financiero que refleje como tal la viabilidad de la mercantil y las previsiones de las cuentas anuales, tampoco explica la apertura a nuevos mercados ni productos, ni una temporalidad de los hitos para llevar a cabo esa nueva etapa de la empresa".

Así, "sólo existen unas previsiones de estados de flujos de efectivo, correspondiente a los ejercicios 2008 a 2012", y en el ejercicio 2009, "en el que se supone entregado el plan de negocios, se estima un resultado positivo de 4.050 euros", lo que "contrasta con el resultado real del ejercicio en curso en el momento de la entrega del documento, el cual resulta negativo en 56.899,84 euros".

Por último, a juicio del Ministerio Público, "tanto la calidad de la información aportada como la ausencia de la cuenta de resultados proyectada, dificultan la evaluación de la posible operación y no describen la situación esperada de la sociedad" tras la inversión concedida por Invercaria.

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