El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, deberá asumir el complicado reto de fortalecer la imagen de la Justicia, cuestionada con dureza desde el independentismo catalán, muchas veces incomprendida por los ciudadanos y situada en el centro de un agrio debate político.

Las críticas a la decisión del Gobierno de proponer a su antecesora en el Ministerio, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado auguran una nueva etapa convulsa, en la que el "procés" volverá a estar en el punto de mira.

Al recibir la cartera de manos de Delgado, Campo se ha puesto como principal objetivo aunar esfuerzos para lograr un pacto de Estado que modernice la Administración de Justicia por encima de siglas partidistas, pero no será sencillo lograr el consenso de una oposición convencida de que el Ejecutivo se propone politizar la Justicia.

Aunque en la sesión de investidura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó por dejar atrás "la deriva judicial" ante el conflicto catalán, ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos están dispuestos a aparcar la vía de los tribunales, y el papel de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio y encargada de representar y defender al Estado, seguirá bajo escrutinio.

Pero la deteriorada imagen de la administración de Justicia va más allá del "procés".

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cerca de la mitad de los españoles cree que la Justicia funciona mal o muy mal y más de la mitad no confía en su independencia; alrededor del 80 % ve necesarias reformas.

Cuatro párrafos dedica el pacto de coalición progresista firmado por el PSOE y Unidas Podemos a la "justicia eficaz", un compromiso que pasa, según ambas fuerzas, por promover un pacto de Estado para modernizar esa administración y darle más agilidad.

El desafío de Campo, que ha hecho de ese acuerdo su prioridad, será buscar el consenso del PP, al que también necesitarán los socialistas y la formación morada para renovar el Consejo General del Poder Judicial y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

El nuevo ministro ha abogado también por trabajar para que la Justicia y sus sentencias sean "entendibles" para los ciudadanos.

Decisiones incomprensibles para muchos como la condena dictada por la Audiencia de Navarra por abuso sexual, y no por agresión, a los integrantes de La Manada, corregida después por el Supremo, han alentado el escepticismo ante un sector que reivindica su profesionalidad e independencia.

Delgado dejó casi lista la reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, pero el acuerdo de coalición la incluye en una futura ley integral más amplia "por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales".

El objetivo de la parte "penal" de esa ley, "blindar que solo sí es sí", es decir, garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, se subraya en el acuerdo.

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La coalición ha prometido también modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial, con mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica. La propuesta ha despertado ya suspicacias en la carrera, que recuerda que las mujeres representaron más del 70 % de la última promoción de jueces.

Habrá que esperar para analizar las relaciones que establece Campo con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, que mantienen vigente una larga lista de reivindicaciones y fueron a dos huelgas inéditas ante la falta de respuestas de sus antecesores en el Ministerio, Delgado y Rafael Catalá.

Entre sus demandas, una incluida expresamente en el acuerdo de coalición: sustituir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar los plazos máximos de instrucción, al considerar que dañan la lucha contra la corrupción.

El Ejecutivo recuperará asimismo otra de las grandes apuestas que quedaron congeladas en la pasada legislatura, con la promesa de rescatar la justicia universal, cercenada por el Gobierno del PP.

Entre los deberes del nuevo ministro figuran también las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. La lista ya está en el Ministerio.