Begoña Gómez y su asesora en Moncloa declaran como investigadas por presunta malversación

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está llamada a declarar este miércoles como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está citada por el mismo motivo.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid busca aclarar si hubo irregularidades en la designación de la asesora y en el trabajo que desempeñó, dentro de una pieza separada que se desgaja del proceso principal, en el que magistrado ya investigaba a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

En esta pieza el juez ya tomó declaración como testigo al ministro Félix Bolaños en Moncloa, al haber sido secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en julio de 2018. Después, planteó imputarle en el Tribunal Supremo, quien sin embargo lo rechazó de plano al advertir una "absoluta" falta de indicios.

Fue en agosto cuando Peinado imputó a Gómez y Álvarez y se basó en la resolución dictada por la Audiencia de Madrid en junio, que decía que la investigación debe centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada -Begoña Gómez- en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Lo hizo pese a que en un primer momento -en un auto de mayo- negó que hubiese indicios de malversación contra ambas, mientras que sí imputó este delito al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que también ocupó el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno.

Recientemente tanto Gómez como Álvarez han recurrido su imputación.

El abogado de Gómez dice ser consciente de que el magistrado no suspenderá su citación, pero deja claro que no hay ningún indicio de malversación en una causa en la que Peinado hace una interpretación del Código Penal "exorbitada", "extremadamente extensiva y alejada de la realidad".

En otro recurso impugna que el juez pida a Presidencia del Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez desde julio de 2018, ya que lo hizo a través de una providencia y no un auto motivado.