Amnistía Internacional ha documentado casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante los estados de alarma, lo que a su juicio evidencian la urgencia de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, utilizada como base legal para la mayor parte de las sanciones impuestas.

En un informe para analizar esas medida excepcional por la pandemia que concluye el 9 de mayo, Amnistía pide transparencia al Gobierno sobre datos generales de denuncias y sobre cómo las intervenciones de las fuerzas de seguridad han afectado a colectivos especialmente vulnerables.

La organización explica que no cuestiona las restricciones impuestas al ejercicio del derecho a la libertad de circulación, ni la legitimidad ni la necesidad general de las actuaciones policiales llevadas a cabo para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección de la salud.

Sin embargo, añade, algunas de estas actuaciones han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía y han puesto sobre la mesa una vez más la urgencia de reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza.

Durante el primer estado de alarma (marzo a mayo de 2020), Amnistía documenta 61 casos de personas que han sufrido abusos contra los derechos humanos, como personas sin hogar, transeúntes denunciados sin apercibimiento, amenaza a periodistas realizando su trabajo y actuaciones abusivas como bofetones o empujones a personas que no mostraban resistencia ni actitud violenta.

En el segundo estado de alarma, y pese al relajamiento de las restricciones a la libertad de circulación, las fuerzas de seguridad continuaron realizando actuaciones parecidas como la sanción a personas sin ningún tipo de requerimiento y continuó accediendo a domicilios sin orden judicial previa.

Relata situaciones concretas de esas vulneraciones, como el caso de Álex de 18 años, que fue sancionado por incumplir las restricciones por salir de su domicilio para tirar la basura. Tiene discapacidad intelectual y esa noche cuando vio a la policía se asustó y salió corriendo. Los policías fueron tras él, le redujeron, y le hicieron daño en la mano izquierda, que tiene rígida por la hemiparesia que padece.

El joven dio datos falsos a la policía por miedo a enfadar a su madre y cuando esta se enteró de lo ocurrido pidió disculpas a los agentes y explicó su delicada situación económica, señala el informe.

En el informe Amnistía recuerda que el propio Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior que aclare los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Interior sobre al menos 357.647 expedientes sancionadores tramitados hasta el 31 de diciembre de 2020 por infracciones de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia.