El abogado de una de las dos bebés intercambiadas en un hospital de Logroño en 2002, José Sáez Morga, ha señalado que se trata de "una negligencia enorme, que habla por sí sola" y por la que su clienta pide a la administración sanitaria riojana más tres millones de euros por "una responsabilidad patrimonial por daños morales".

La investigación por el intercambio de dos bebés en el año 2002 en el antiguo Hospital San Millán de Logroño, que ya no existe, atribuye a un error humano esta situación, ha afirmado este martes la consejera de Salud y portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, quien ha añadido que, ahora, "sería imposible que algo así volviera a ocurrir" por los actuales sistemas de identificación.

"Lo que es (este suceso) es una negligencia enorme que habla por sí sola, no se admiten posibilidades de error. El error es manifiesto, enorme e inadmisible", ha incidido Sáez Morga, para quien "la seguridad es el error cero" y, en este caso, "también deberían de haberse cumplido una serie de atenciones que han dejado bastante que desear".

La investigación no ha podido concluir quién fue el autor de este error humano en 2002, cuando dos niñas nacieron el mismo día, con cinco horas de diferencia, en el Hospital San Millán. Ambas precisaron estar en incubadora, tras lo que cada una de ellas fue entregada a los padres de la otra.

"El nombre de los responsables directos no nos afecta a nosotros, ni penalmente, dado el tiempo transcurrido", según el abogado, "ni nos va ni nos viene", ya que "la responsabilidad objetiva es de la Administración de la que dependían aquellas personas, cualesquiera que fueran sus identidades".

Esta chica tiene un daño moral inconmensurable, que afecta a la dignidad personal

El despacho de Sáez Morga denuncia que "esta chica tiene un daño moral inconmensurable, que afecta a la dignidad personal". "Se le ha privado de la presunta madre biológica, que, incluso, ha fallecido y no ha tenido ocasión de conocerla" -señala- así como "su derecho a ser educada y criada por sus padres biológicos, que tampoco se ha podido cumplir".

"Es un daño moral, inconmensurable de por vida y no reparable, a lo sumo, mitigable", ha subrayado; y "de acuerdo con las normativas y la doctrina de la jurisprudencia, tratamos de darle una solvencia económica, que pueda tener un puesto en la vida bueno".

En 2017, la abuela de una de las niñas, que la tenía en acogida y con funciones de tutela, interpuso una demanda de alimentos contra el padre de su nieta. Éste la rechazó alegando que no era su hija, "no sé por qué razones", ha dicho el abogado.

Tras ello, la jueza de familia ordenó una prueba de ADN, que confirmó que el hombre no era el padre biológico y, con posterioridad, se realizó otra a la supuesta madre biológica, que también fue negativa.

Al cumplir 16 años, esta joven pidió a la Administración riojana conocer quiénes eran realmente sus padres biológicos y tras lo que el abogado califica como "un trabajo encomiable", ésta realizó un muestreo de 13 niños y determinó que se había producido "una injerencia y un error con la otra niña con la que se ha cruzado".

Según Sáez Morga, esta segunda niña, que "se mantiene en el anonimato", no tiene intención de plantear acciones jurídicas y no se ha pronunciado sobre si las dos afectadas por este intercambio de bebés mantienen alguna relación.

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"Estas niñas han nacido con cinco horas de diferencia, mi clienta nace posteriormente, pero hasta el día siguiente no se le da un número de historia clínica, de registro, que tienen 9 números posteriores a la primera", ha relatado.

Además, "curiosamente, resulta que la segunda que ha nacido es entregada a la madre que primero ha dado a luz. Parece ser, por estudios internos, que estas niñas neonatas, por bajo peso, pasan directamente a las incubadoras, sin contacto con las madres".

Ocuparon incubadoras consecutivas, números 1 y 2; y "allí habrían pasado teóricamente a las cunas 6 y 7, pero, por ejemplo, en las fichas se refleja, respecto a mi clienta, que tanto está en la 6 como está en la 7. Hay errores de bulto", ha insistido.

El Ministerio Fiscal inició un procedimiento para determinar la correcta afiliación y la corrección que se derive en los Registros Civiles y la jueza ordenó, en enero 2021, pruebas de ADN, cuyo resultado no se conoce, a los que pueden ser su padre y hermanos biológicos, dado que su supuesta madre biológica falleció.

Por otro lado, se ha iniciado un expediente de responsabilidad patrimonial contra la Consejería de Salud por daños morales, que, actualmente, "se ha suspendido, teóricamente por una mayor protección y tutela de los intereses", a la espera de esos últimos resultados de ADN, aunque cree que "no era necesario".

"Por los datos que ya hay y por los indicios más que elocuentes que existen, que no van a cambiar, el ADN no va a hacer más que confirmar, esperemos, las deducciones y, por la investigación interna del hospital, ya pueden deducirse con facilidad".