Tres detenidos por explotar a trabajadores del campo en La Rioja y Huesca

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Hormilleja (La Rioja) y a una tercera en Fraga (Huesca) por explotar a trabajadores en labores agrícolas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad o de que carecían de la documentación necesaria para trabajar en España.

Según explica el instituto armado, los dos arrestados en Hormilleja, un hombre y una mujer de 41 y 42 años naturales de Portugal, captaban y trasladaban hasta La Rioja a personas de distintas nacionalidades en riesgo de exclusión social para explotarlos como temporeros en diferentes campañas agrícolas.

La investigación comenzó al recibirse información sobre la situación de extrema precariedad en la que vivían dos personas, de 48 y 32 años y naturales de Brasil y Rumanía, que residían en el sótano de la vivienda de sus patronos en condiciones insalubres.

Sufrían amenazas y en ocasiones hasta agresiones físicas y su situación se había agravado desde el inicio del estado de alarma al no poder trabajar ni cobrar salario alguno, lo que les había llevado a alimentarse de las sobras de comida que dejaban sus patronos o las ayudas de vecinos y servicios sociales.

Los detenidos, a los que la Guardia Civil atribuye un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de lesiones, habían captado a sus víctimas en Madrid mediante el engaño y la falsa promesa de un trabajo digno en La Rioja, con buen salario, seguro médico, alojamiento y manutención.

Una vez en La Rioja los trabajadores sufrían descuentos desorbitados por el alojamiento y la manutención, y en ocasiones no recibían ningún sueldo, denuncia el instituto armado.

El detenido en la provincia de Huesca en el marco de la operación Lumea es un empresario que tenía varias fincas arrendadas en la zona de Fraga y que conseguía trabajadores para la recogida de la fruta aprovechándose de la situación irregular y de necesidad de muchas personas que se habían desplazado a esa localidad en busca de empleo.

La Guardia Civil, junto con personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad, ha realizado varias inspecciones en explotaciones agrícolas de la región para supervisar supuestas irregularidades cometidas en la contratación de temporeros y detectó este caso.

La situación de los contratados -hasta ahora han sido localizadas diez víctimas de este empresario- era muy vulnerable, sin contrato y llegando algunos a pernoctara a la intemperie.

El detenido retrasaba el pago de los salarios acordados y como los trabajadores no podían subsistir sin ningún ingreso acababan dejando el trabajo sin llegar a cobrar, buscando otros empleos, denuncia la Guardia Civil.

El hombre se aprovechaba de que los propios trabajadores le informaban de que carecían de la documentación necesaria para trabajar en España, lo que hacía poco probable que le denunciaran por no formalizar un contrato, no darles de alta en la Seguridad Social, obligarles superar la jornada laboral o no proporcionarles materiales de protección frente al coronavirus.