SILVIA CLEMENTE
La salida del PP de Silvia Clemente aviva polémica sobre ayudas a su marido
La salida del PP de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y su salto a Ciudadanos con la intención de encabezar sus listas en las elecciones regionales, ha avivado la polémica sobre las ayudas que su marido, el empresario Javier Meléndez, recibió de la Junta cuando ella era consejera.,A pesar de la polémica generada estos días en Castilla y León, con el PP al frente, sobre la posibilidad de que se hubiera incurrido en algún tipo de irregula
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La salida del PP de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y su salto a Ciudadanos con la intención de encabezar sus listas en las elecciones regionales, ha avivado la polémica sobre las ayudas que su marido, el empresario Javier Meléndez, recibió de la Junta cuando ella era consejera.
A pesar de la polémica generada estos días en Castilla y León, con el PP al frente, sobre la posibilidad de que se hubiera incurrido en algún tipo de irregularidad en estas ayudas, el frente judicial se centra en una única subvención que le fue denegada a esa compañía.
La empresa Meléndez, propiedad de Javier Meléndez, es una de las más importante del país en el sector de la patata.
Esta empresa se encuentra entre las varias que han obtenido ayudas por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, departamento que entre 2007 y 2015 dirigió Silvia Clemente.
Una de estas ayudas, por alrededor de 598.000 euros, es la causa de un enfrentamiento judicial que mantiene Javier Meléndez con la Junta desde algo más de un año y que ha acabado en la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, que dentro de unos días dictará sentencia.
El caso se centra en un proyecto que patatas Meléndez puso en marcha junto al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), dependiente de la Consejería, y una empresa tercera dedicada a desarrollar proyectos objeto de subvención pública.
Las tres partes pusieron en marcha un proyecto que presentaron a la Consejería de Agricultura, que lo tramitó, pero que finalmente lo rechazó hace algo más de un año, según han informado a Efe fuentes del caso, que han explicado que no es cierto que esta subvención se concediese en la época en la que Silvia Clemente era consejera y luego se rechazase cuando dejó de serlo.
Y es que esta subvención, que está en el centro de la polémica, nunca se llegó a adjudicar. Se tramitó, pero se rechazó.
En ese momento, la empresa Meléndez, según estas fuentes, solicitó al Itacyl -organismo que no concede subvenciones sino que se dedica, entre otras funciones, a respaldar proyectos de empresas-, la documentación del expediente y la justificación del rechazo argumentado por la Consejería, pero esa documentación no se entregó.
Cuando el TSJCyL comenzó a estudiar el caso después de que Menéndez lo denunciase, el Alto Tribunal requirió a la Junta esa documentación que, según ha confirmado este viernes la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha desaparecido y no existe "ni en formato físico ni digital", por lo que lo puso en conocimiento de la Fiscalía, que trasladó el caso a un juzgado de Valladolid.
De este modo, está pendiente por resolver, por un lado, en el TSJCyL esa negativa de la Junta a conceder esa ayuda para el proyecto de Javier Meléndez y, por otro, un procedimiento penal abierto en un juzgado de instrucción de Valladolid que investiga la desaparición de ese expediente.
Sobre este último asunto, la consejera Milagros Marcos ha dicho que la administración se dio cuenta de que no estaba este expediente cuando fue a recuperarlo para entregárselo a la persona que lo solicitada -Javier Meléndez- y, al no encontrase, se puso en conocimiento de la Fiscalía.
"Se comunica que hay un expediente que no consta entre los archivos de la administración del Itacyl, algo que ocurrió hace un año", ha indicado la consejera, quien ha añadido: "la Justicia es la que tiene que dirimir los términos en los que se ha podido producir esta circunstancia".
Fuentes del caso han explicado a Efe que el juzgado cuenta con un informe de la Policía Judicial en el que certifica que, como consecuencia de la investigación por la desaparición de este expediente, no existe ningún indicio de que se hayan destruido o se haya producido algún tipo de actuación delictiva.
Además, el juzgado de instrucción que investiga estos hechos no mantiene, por el momento, la condición de investigado a nadie por lo que podría archivar el caso, pero ese expediente sigue sin aparecer.