La nueva ley de salud mental, sin evidencia científica y al servicio de los postulados de Podemos

La salud mental -que tradicionalmente ha ocupado un segundo plano- ha cobrado gran importancia después de los graves problemas que han surgido causados por la pandemia de la covid-19. La limitación de libertades que sufrió la población para evitar la expansión del virus hizo que proliferaran este tipo de enfermedades y puso de manifiesto la necesidad de pasar a primer plano los problemas mentales.

Para solucionar este creciente problema, el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha desarrollado un plan urgente que contará con cinco millones de euros. Sin embargo, los profesionales de salud mental advierten que lo que tendría que ser una solución al problema, abre nuevos frentes problemáticos por alejarse de la ciencia y redactarse en base a su ideología. Además, no creen necesaria una ley específica para las enfermedades mentales, al igual que por ejemplo no la hay para problemas cardíacos.

La SEP califica la ley de salud mental como un "auténtico despropósito"

La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) no ha tardado en posicionarse en contra de la Ley General de Salud Mental de Podemos al conocer que se ha admitido a trámite en el Congreso. Esta organización califica como un "auténtico despropósito" esta norma y critica la gran carga de ideología que contiene.

El análisis de la norma por parte de la SEP alerta de que esta ley "conseguiría lo que, en teoría, dice querer evitar", ya que la normativa va "en contra de los criterios de las agencias reguladoras AEMPS y EMA".

El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, asegura que la nueva ley de salud mental "parte de supuestos falsos, centrados en la pobreza y la opresión fiscal como origen de las enfermedades mentales". De esta manera, Podemos pretende implantar su ideología, dejando al margen la evidencia científica y las causas y problemas reales.

En este sentido, la SEP asegura que la norma "solo habla de pobreza y opresión", pese a que no tienen nada que ver los recursos económicos en trastornos mentales como la esquizofrenia, el autismo, etc.

La ley contradice "las guías internacionales y el criterio de todas las agencias reguladoras"

Otro de los puntos que han causado gran controversia en los profesionales del sector ha sido el artículo 16, que contiene que "cualquier tratamiento farmacológico potencialmente inadecuado en la clínica, así como la utilización preventiva de medicación neuroléptica o antipsicótica, sin sintomatología franca, deberá ser comunicado previamente a la Defensoría de la persona con problemas de salud mental".

La SEP explica que lo que recoge este punto de la proposición de ley contradice "las guías internacionales y el criterio de todas las agencias reguladoras", ya que hay evidencia de que los tratamientos psiquiátricos permiten un mejor control de la enfermedad, menor riesgo de suicidio y de mortalidad.

Al no basar la normativa en la evidencia científica, la ley de salud mental contiene errores básicos como no diferenciar síntomas de trastornos mentales, conceptos que aparecen claramente definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Sociedad Española de Psiquiatría critica este aspecto, ya que al no establecer una distinción "se conseguirá la psicologización y psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos mentales".

Además, la propuesta de ley de salud mental establece que el paciente tiene que dar consentimiento para recibir los tratamientos necesarios para asegurar la autonomía de los enfermos. Con esta medida, un paciente con alguna patología mental podría evitar su ingreso hospitalario entre otras medidas necesarias. "Todo esto es un despropósito desde un punto de vista médico. Parece una norma dictada por sociólogos que por expertos en salud mental. De aprobarse solo perjudicará a las familias de los enfermos", asegura el psiquiatra José Luis Carrasco.