Las cinco novedades que incluye la ley de la Infancia

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Un texto con el que se avanza en la protección de derechos de los menores. La aprobación de la ley ha contado con un amplio consenso en la Cámara Baja, con 268 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG), 57 en contra (Vox y PNV) y 16 abstenciones (PdCat y EH-Bildu).

Vox ha votado en contra por motivos ideológicos, según ha indicado la formación política durante su ponencia, mientras que los nacionalistas vascos han alegado una invasión de competencias en algunos artículos del texto. Motivo similar que también ha llevado a PdCat y EH-Bildu a abstenerse.

La ley está tramitada con carácter de urgencia, por lo que podría estar aprobada de forma definitiva en el mes de junio. El proyecto pasará ahora formalmente al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno. Será un mero trámite, aunque varios grupos parlamentarios mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.

A partir de ahora, el Gobierno será el encargado de ponerse manos a la obra para la dotación presupuestaria necesaria, porque sin eso, la ley correría el riesgo de quedarse solo en una buena declaración de intenciones.

Estos serían los cinco aspectos más destacados incluidos en la nueva ley de Infancia, que describimos a continuación:

- Los delitos empezarán a computar para su prescripción a partir de que la víctima cumpla 35 años. Se quiere evitar, de esta manera, que los casos queden impunes, ya que las denuncias se producen en la gran mayoría muchos años después. Ahora mismo está fijada en los 18 años. Víctimas de abusos, entidades sociales y partidos como PP y Ciudadanos habían señalado la importancia de ampliar aún más ese plazo, incluso pedían que se situara en los 40 años. Una forma de acorralar a los agresores que suelen acometer el maltrato y abuso contra los menores dentro de sus hogares o en entornos cercanos.

- Se refuerza el derecho del niño a ser informado en todo momento, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales. También, por otro lado, a formular denuncia de manera personal y directa.

- Lo menores deben estar acompañados por profesionales especializados en la materia. Los mecanismos de denuncia tienen que ser seguros y confidenciales, adaptados siempre a sus necesidades.

- Se suprime, por otro lado, el llamado síndrome de alienación parental. Este no podrá ser tenido en cuenta durante los procedimientos judiciales. Se elimina también la guardia conjunta de los menores si hay indicios de violencia dentro del núcleo familiar.

- Se le pide al Gobierno que cree organismos judiciales especializados y forme a jueces y fiscales en la materia. Una formación que también debe tener lugar en los colegios y centros educativos. Actuaciones enfocadas a la prevención, una formación específica dirigida a todos aquellos que trabajen con menores, como puede ser el caso del personal de centros educativos o deportivos.