¿Cómo nos afecta que haya menos magistrados en el Tribunal Supremo?

48 nombramientos están pendientes en los tribunales españoles por la no renovación del CGPJ. La reforma express del Gobierno los impide mientras el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones. Vacantes por jubilación, fallecimiento o comisión de servicios. A 57 pueden aumentar a final de año. El Tribunal Supremo trabaja con 11 magistrados menos, que a final de año serán 16. Muchos se preguntan en qué medida afecta al ciudadano.

“Afecta y perjudica al común de los ciudadanos”, dice a COPE José Ramón Chaves, magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Para empezar, señala, hay más carga a repartir entre menos magistrados y eso retrasa las decisiones. “Si el Supremo está inundado de casos hay menos brazos para achicar agua”. Otra cuestión importante, muy importante, destaca el magistrado Chaves, es que “el Supremo sienta jurisprudencia y condiciona los recursos de casos que se van a juzgar en tribunales inferiores”. Actúa casi a modo de legislador para correctas interpretaciones, matiza Chaves.

Asuntos como tributos, expropiaciones, sanciones, convenios colectivos, conflictos laborales, negocios, contratos mercantiles…todo ello puede depender de los recursos que se presenten en el Tribunal Supremo, que ya advirtió a finales de octubre de un retraso de 1.000 sentencias si no se renuevan las plazas vacantes. “No es lo mismo que nos respondan ahora que dentro de un año”, nos dicen varios abogados con recursos pendientes de sus clientes en el Supremo.

Alberto Dorrego, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, también considera que “la falta de magistrados impactará en la capacidad de resolución”. Dice a COPE que los efectos más graves están por venir y se notarán en unos meses, pero algunos ya se están produciendo. Y se refiere en concreto a la Sala de lo Contencioso, la más grande, con mayor número de magistrados y con mayor número de casos en tramitación. Una jurisdicción que revisa y resuelve los actos de la Administración y del Gobierno. “Si no se renuevan las plazas el problema puede ser considerable”, advierte Dorrego.

Desde el CGPJ señalan que el problema no es estar en funciones, “el problema es la ley express del Gobierno que impidió los nombramientos”. Una ley que es un atropello, nos dicen varios vocales del Consejo, “una ley que se hizo para fastidiar, para forzar la renovación. Y la falta de nombramientos nada tiene que ver con la renovación”, comentan. “Es una ley anticonstitucional que impide las funciones que la Constitución da al CGPJ. Nos han despojado de nuestras competencias”, dicen a COPE varios vocales.

Es urgente y necesario cubrir las plazas vacantes, en especial las del Tribunal Supremo, manifiesta el magistrado Chaves. “Se pueden ocasionar daños irreversibles de seguridad jurídica y dejar a los particulares en la incertidumbre de cuando se resolverá su litigio”. Una justicia tardía, enfatiza, no es justicia.