La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Ismael Moreno que pregunte al Supremo quién se queda con el caso

Novedades en el caso Koldo, en el presunto caso de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia y que afecta al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al que fue su mano derecha, Koldo García.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Fiscalía Europea se quede con toda la investigación y pretende que siga con la misma la Audiencia Nacional.

Para Anticorrupción, el juzgado de Ismael Moreno es el competente para seguir investigando el caso Koldo, todos los delitos de esta causa. No procede la remisión de las diligencias a la Fiscalía Europea, señala el escrito del fiscal Luis Pastor. No obstante, el fiscal pide al juez que plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para ver quién continúa con la causa que afecta al exasesor del exministro Ábalos y a otros investigados y mientras el Supremo decide que la causa se quede en la Audiencia Nacional.

Detener el caso hasta que se pronuncie el Supremo ocasionaría graves retrasos, dice Anticorrupción. A finales de mayo, la Fiscalía Europea anunció su decisión de asumir la investigación.

La Audiencia Nacional es competente para investigar el caso

El fiscal Luis Pastor solicita al juez Ismael Moreno que plantee una cuestión de competencia al Alto Tribunal para saber quién continúa con la causa y defiende que la Audiencia Nacional mantenga la competencia del caso respecto a todos los delitos, incluidos varios contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario, y que la Fiscalía Europea investigue "exclusivamente" si hubo delito contra los intereses financieros de la UE en "tales expedientes".

Según la tesis del fiscal, la Audiencia Nacional es competente para "seguir investigando todos los delitos que dieron origen" al caso, "con sus correspondientes contratos", y la Fiscalía Europea "lo es para conocer de los expedientes de adjudicación de suministro de material sanitario de los Servicios Canario y Balear de Salud en lo relativo a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE".

Es decir, entiende que "no existe entre ambos procedimientos una indisociable vinculación" y, en cualquier caso, hay una "mayor afectación a los intereses nacionales" que a los de la Unión Europea, por lo que la remisión del caso a la Fiscalía Europea "nunca procedería".

"Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales" y al "correcto funcionamiento de la Administración española", indica.

Esta trama, explica, "se expande por distintas Administraciones Públicas, ajenas a cualquier financiación de fondos europeos" y cuestiona que la Fiscalía Europea pretenda utilizar como "percha" para asumir la causa el argumento de que el delito de malversación de fondos europeos está "indisociablemente vinculado" con el resto, "sin dar argumentación o razón alguna" que lo fundamente.

Anticorrupción afirma que la relación entre la Fiscalía Europea y los juzgados españoles "no se basa en la subordinación" ni en una "inexistente supremacía" de la primera, y que el hecho de que haya financiación europea "no implica" un perjuicio para sus intereses dado que, "hasta el momento no hay indicio alguno de comisión del delito de malversación", pues "los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores" a otros.