El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por eliminar la tasa de reposición de las plazas en las Administraciones Públicas, porque "es un desastre, no tiene pies ni cabeza", lo que permitiría cubrir los puestos en función de las necesidades.

Durante la clausura del Congreso de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Álvarez ha manifestado el compromiso del sindicato de "no olvidar cómo vivimos la pandemia, de la falta de medios que tienen los servicios públicos en España".

También ha llamado la atención sobre las personas que trabajan en los servicios públicos mediante contratas de empresas, a quienes la Administración "no puede seguir trasladando los ahorros presupuestarios".

"No es posible que se mantengan las subastas para la contratación de servicios públicos. La Administración tiene que ser consciente de que no hay que dársela al que diga que lo hará más barato", ha dicho, sino que "deben respetarse los convenios colectivos e introducir elementos de calidad".

Asimismo, ha pedido que se pueda trasladar a las contratas el incremento de "los costes de personal que hay que pagar cuando se firma un convenio colectivo".

El líder de UGT ha hecho referencia a los fondos europeos que recibirá pronto España y ha pedido a todas las fuerzas políticas que sean capaces de "construir un gran Pacto de Estado" sobre "unos ejes comunes para tener un país mejor".

En la clausura ha intervenido también el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quien ha desgranado su plan para reducir la temporalidad en el sector público al 8 % en tres años, lo que implica rebajarla principalmente en las comunidades autónomas y ayuntamientos y, sobre todo, en sanidad y educación.

Iceta ha adelantado que se reformará el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

Así, quiere implantar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, poniendo el énfasis en su excepcionalidad y delimitando su duración máxima.

Por otro lado, impulsará los procesos de estabilización del empleo, puestos en marcha en 2017 y 2018 y que hasta ahora no han logrado el objetivo previsto.

Iceta se ha mostrado seguro de lograr cerrar un acuerdo antes del verano con CCAA, entidades locales y sindicatos para poner en marcha esta reforma.

Por su parte, el recién reelegido secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha manifestado que el sindicato "quiere ser parte de la solución del problema", y ha exigido "seguridad jurídica" y "encontrar la fórmula constitucional legal" para resolver la temporalidad en la Administración.