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Rollán apela al sentido común de los taxistas para que vuelvan al trabajo

El vicepresidente del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha apelado este martes al "sentido común" de la mayoría "silenciosa" de los taxistas que no han participado en las votaciones de la huelga y que no han mantenido "una postura radical" para que den un paso al frente y vuelvan a prestar el servicio a los madrileños y visitantes.,De esta forma lo ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno el día en el que los taxistas deciden

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:42

El vicepresidente del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha apelado este martes al "sentido común" de la mayoría "silenciosa" de los taxistas que no han participado en las votaciones de la huelga y que no han mantenido "una postura radical" para que den un paso al frente y vuelvan a prestar el servicio a los madrileños y visitantes.

De esta forma lo ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno el día en el que los taxistas deciden en referéndum si continúan en huelga indefinida, después de que el Gobierno regional rechazara en la tarde de ayer, lunes, las exigencias del sector para regular los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está dispuesto a legislar en pro del sector del taxi, pero "nunca en contra de ningún otro colectivo", ha subrayado Rollán, quien ha abogado por "encontrar un punto de equilibrio entre todas las partes".

El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha sostenido que la regulación del transporte urbano es una competencia del Gobierno de la nación, del Ministerio de Fomento, por lo que tiene que ser en el seno del Congreso donde se debata una normativa común para todas las comunidades autónomas.

No obstante, ha destacado que el presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, les ha mandado a elaborar un "documento ambicioso".

El Ejecutivo madrileño lleva trabajando en esta legislatura en la modificación del Reglamento del Taxi para mejorar la competitividad del sector, con el fin de ampliar de 16 a 24 las horas de trabajo de un taxi al día, ampliar de siete a nueve de las plazas de estos vehículos, contemplar la posibilidad de que existan usos y trayectos compartidos, determinar el precio máximo y autorizar a los profesionales a prestar el servicio con las últimas tecnologías en cuanto a los medios de pago.

Ahora, ha indicado, el Ejecutivo autonómico comenzará a trabajar sobre todas estas cuestiones, que se sumarán a otras que "de manera transversal" se pondrán encima de la mesa por las Consejerías, con el objetivo de presentar el Reglamento "en un corto espacio de tiempo".

Rollán ha recordado que en el documento que los representantes del taxi presentaron ayer en la Consejería de Transportes "abrían la puerta trasera para que los ayuntamientos pudieran establecer criterios restrictivos a la prestación de los servicios por parte de los VTC".

"No vamos a permitir que sean otras administraciones las que pudieran adoptar una serie de medidas, cuyo resultado final sería la imposibilidad de prestación del servicio de los VTC, la posibilidad cierta de presentación de reclamaciones multimillonarias y la pérdida de miles de puestos de trabajo", ha resaltado.

El Gobierno regional defiende una "postura de equilibrio" y de convivencia entre los sectores del taxi y de los VTC, dando oportunidad a los usuarios de elegir el medio de transporte que consideran más apropiado en cada momento, ha afirmado.

Rollán ha considerado "un acierto" por parte de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, la convocatoria la próxima semana del Comité Madrileño de Transportes con la meta de consensuar una regulación para los VTC

Ha mostrado la voluntad y el ánimo del Gobierno regional de trabajar en pro del colectivo del taxi, pero también la firmeza de "no permitir ni directa ni indirectamente que ninguna otra administración legisle contra los VTC y contra los derechos de los usuarios".

El Gobierno regional, según su portavoz, ha renunciado a impulsar una reforma exprés de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid tras el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinando que no podía existir ninguna diferenciación en el tratamiento de los taxis y los VTC.

Un Gobierno "responsable", ha agregado, no se puede permitir lo ocurrido en Cataluña, donde varias operadoras de VTC han presentado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectan a 2.600 trabajadores, o las previsibles reclamaciones patrimoniales por miles de millones de euros.

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