El Pleno del Congreso debatirá el martes reformar cuanto antes un artículo de la Ley de Estabilidad para levantar el veto que puede poner el Senado a los objetivos de déficit público, que impide que vuelvan a ser votados en el Congreso en caso de ser rechazados por la Cámara Alta.

PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto presentarán en el Pleno esta proposición de Ley que insta a mantener la "coherencia" con la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que prevé una primera votación en el Pleno del Congreso, superada ésta otra en el Pleno del Senado, y una última de devolución a la Cámara Baja en caso de que la Alta haya rechazado los Presupuestos.

"No se explica por qué debe darse este equilibrio en la aprobación de unos objetivos íntimamente ligados con dichos Presupuestos", argumenta la proposición de Ley en relación con el desequilibrio entre cámaras que sí existe en la tramitación presupuestaria.

Sin embargo, lo prioritario para la mayoría del Congreso es que la Mesa de la Cámara Baja, donde tiene mayoría PP y Ciudadanos, reconsidere su acuerdo de impedir que esta tramitación sea por el procedimiento de urgencia y lectura única.

En un escrito lo han solicitado PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís, que argumenta que la Mesa del Congreso decidió la tramitación ordinaria de esta proposición de Ley sin oír antes a la Junta de Portavoces.

La proposición de Ley señala que al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 del reglamento del Congreso, solicitan que la Mesa acuerde la tramitación de la Proposición de Ley por el procedimiento de urgencia.

Igualmente que atendiendo la simplicidad de su formulación y oída la Junta de Portavoces, proponga al Pleno que acuerde, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.1 del Reglamento, su tramitación directa y en lectura única, una vez tomada en consideración.

La tramitación como urgente y en lectura única agilizaría los plazos para su aprobación.

Y es que el Ejecutivo tiene intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 a finales de noviembre o principios de diciembre y éstos deben ir vinculados a una senda de déficit que, según la propuesta del Gobierno, supone una flexibilización.

Las objetivos de déficit propuestos por el Ejecutivo son del 1,8 % del PIB en 2019, del 1,1 % en 2020 y del 0,4 % en 2021, cuando los anteriores era del 2,2 %, el 0,3 % y superávit, respectivamente, por lo que ahora habría un margen de 6.000 millones de euros.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, advirtió la semana pasada que el aumento impositivo en 2019 dependerá del objetivo de déficit con el que finalmente se cuente.

La mayoría de los diputados aboga por modificar la redacción del apartado 6 del artículo 15 para volver a la redacción que tenía la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007 y que no merma las exigencias constitucionales ni la participación de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, la proposición de Ley deja claro que el propio artículo 15 señala el carácter preceptivo que debe tener el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y la Comisión Nacional de Administración Local.

La iniciativa recuerda que los compromisos adquiridos por España con la UE requieren un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública ágil, y argumenta que la reforma del PP en 2012 fue "anómala" por no cumplir esos requisitos y abrir la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.

Además, recuerda que el Consejo de Estado propuso entonces la recuperación de que «si aprobado el objetivo de estabilidad por el Congreso de los Diputados el mismo fuese rechazado por el Senado, el objetivo debería someterse a nueva votación del Congreso, aprobándose si este lo ratifica por mayoría simple».