La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ha cargado hoy contra la ineficacia de los juzgados de cláusulas suelo, que "sólo han resuelto un 20 %" de las 250.000 demandas presentadas, y que podrían verse más saturados si se exime definitivamente al cliente del impuesto de la hipoteca.

En un comunicado, la asociación considera que desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia acordaran la creación de estas sedes, en mayo de 2017, "se ha venido demostrando que la solución elegida es totalmente ineficaz", y pide que se revise el modelo para resolver los conflictos de los consumidores en materia hipotecaria.

Los letrados progresistas califican de "alarmante" la entrada diaria de demandas en los juzgados, cuyo volumen, unido a la falta de personal designado en estos órganos, sitúa la demora para la admisión de las mismas en más de un año.

Una situación que se agrava en ciudades como Barcelona, donde la tasa de resolución, según la Unión, se queda en el 7,14 %, con 26.000 procedimientos pendientes de incoar, del total de 28.000 presentados desde el inicio del plan.

En este sentido, lamenta que a pesar del "colapso", el CGPJ decidiera prorrogar el funcionamiento de las sedes el pasado 27 de junio aun no habiendo habilitado un "aumento proporcional" ni de jueces, ni de letrados ni funcionarios "para canalizar las demandas de miles de consumidores".

Hace una semana, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ratificaba la validez del plan al estar motivado de forma "más que suficiente" por la "elevadísima litigiosidad" después de que Europa reconociera la plena retroactividad a quienes suscribieron una hipoteca con cláusulas suelo abusivas.

Además de este asunto, los juzgados especializados tratan otros problemas vinculados a la contratación hipotecaria como son las hipotecas multidivisa, el vencimiento anticipado, intereses de demora y gastos de formalización.

Sin embargo, la asociación advierte de un posible incremento en el número de demandas si finalmente el Tribunal Supremo ratifica que es la banca la que debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados.

Por ello, a fin de valorar el escenario real, reclama la publicación de las estadísticas quincenales de asuntos de entrada y resolución de estas sedes, como solicitó el pasado viernes en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario Unidos Podemos En Comú-Podem.