El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la resolución del contrato de concesión de la autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo y de la gratuita A-40 Castilla-La Mancha, tras lo que estas carreteras revertirán al Estado, que a lo largo del año pasado asumió la gestión de las otras ocho autopistas quebradas.

"Su resolución se acuerda en razón de su situación de insolvencia y del inicio de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público", ha recordado este viernes el Ministerio de Fomento en un comunicado.

Según la misma fuente, con carácter previo al acuerdo del Consejo de Ministros se han llevado a cabo los trámites necesarios para la resolución del contrato, como los de audiencia a los interesados, informe de la Abogacía del Estado y Dictamen del Consejo de Estado.

En los próximos meses se procederá a liquidar el contrato y se determinará la cantidad conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), que no ha sido cuantificada aún para ninguna de las vías quebradas.

A lo largo del año pasado, el Gobierno aprobó la resolución de los contratos de las concesionarias encargadas de las radiales madrileñas R-2, R-4, R-3 y R5, la M-12 Eje Aeropuerto, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la AP-7 (Circunvalación de Alicante).

Actualmente, estas vías son gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), que el pasado 15 de enero aplicó una rebaja media del 30 % en sus tarifas y estableció su gratuidad entre las 0.00 y las 6.00 horas, medidas que está previsto que también se implante en el caso de la AP-41.