CCOO de Industria ha considerado inaceptable la advertencia de las patronales eléctricas de que adelantarán el cierre de las centrales nucleares si el Gobierno aprueba el proyecto de ley sobre retribución del CO2 (dióxido de carbono) del mercado eléctrico y ha pedido al Ejecutivo que "no ceda al chantaje".

Según sus datos, la amenaza de la patronal tiene un coste de 28.000 empleos en la cadena de valor del sector y pondría en riesgo la economía y el desarrollo de Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El sindicato recuerda, en un comunicado, que el cierre del sector ya está pactado y escrito en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y defiende que el acuerdo debe respetarse.

Tras recordar que la búsqueda de alternativas al precio de la luz y la retribución necesaria a la generación nuclear no es un debate exclusivo de España, CCOO apunta que algunos países de Europa ya han tomado medidas que no afectan al empleo, como Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania.

CCOO, que considera positivas las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para atajar el alza del precio de la electricidad, exige a éste negociar una "transición verde justa".

No obstante, lamenta el carácter temporal de alguna de las medidas y echa en falta otras, al tiempo que señala su preocupación por la lenta habilitación de recursos para financiar dicha transición.

Una parte importante de las medidas aprobadas coinciden con las propuestas por CCOO, entre ellas el recorte de la sobre-retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas por costes que no soportan, subasta del 25 % de la energía fuera del "pool", referenciación de la tarifa regulada a los precios estables derivados de las subastas, establecimiento de un consumo vital mínimo y limitación del uso de los recursos hídricos almacenados en los embalses.

Ante el lento desarrollo de los planes y la habilitación de recursos destinados a organizar y financiar una "transición justa", CCOO cree necesario crear una empresa pública y opina que España, además de los 70.000 millones en transferencias que tiene asignados en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debería asignar también los otros 70.000 millones en créditos blandos habilitados también por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como han hecho -afirma- Italia, Portugal, Polonia, Eslovenia, Grecia, Rumanía y Chipre. EFE

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