El Gobierno reparte 430 millones a CCAA para rehabilitación y construir vivienda asequible

Actualiza la EC4466 con declaraciones de la ministra de Vivienda y de varios consejeros

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado este jueves dotar a las comunidades autónomas con 430 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos y para la construcción de vivienda asequible.

Según ha explicado la titular del departamento, Isabel Rodríguez, con motivo de la celebración de la primera conferencia sectorial de vivienda, estos fondos provienen del plan de recuperación y se completan con otros 3.500 millones que ya están a disposición de las comunidades autónomas.

De esta forma, son cerca de 4.000 millones del plan de recuperación los que se han transferido, a los que se suman otras acciones como el plan de rehabilitación de edificios negociado con los ayuntamientos, por importe de 600 millones. Cuantías que se suman a su vez a los más de 3.500 millones de los presupuestos, ha incidido Rodríguez.

Apela a un acuerdo de país para trabajar en la misma dirección

La ministra ha insistido en que todos, incluidas las comunidades autónomas que son las que tienen delegadas las competencias en la materia, deben trabajar en la misma dirección y en que es necesario un acuerdo de país en el que estén todas las administraciones y se incorporen los operadores económicos ya que el problema de la vivienda afecta a todos y su solución incumbe, por tanto, a todos.

"Os necesitamos para sacar esto adelante en el marco de vuestras respectivas competencias, ha añadido Rodríguez ante los consejeros y consejeras, a quienes ha ofrecido colaboración y diálogo para culminar con éxito la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que la Ley de Vivienda por sí sola no resuelve los problemas, las comunidades solas tampoco, ni los ayuntamientos ni los operadores privados, sino que es un asunto que concierte a todos.

Alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos

Rodríguez ha señalado que la tensión en el mercado del alquiler ha propiciando los contratos de alquiler por habitaciones, que son objeto de análisis y estudio por parte del Ejecutivo, que ha puesto en marcha un grupo de trabajo para los alquileres temporales.

Con respecto a la regulación de los pisos turísticos, que quedó fuera de la Ley de Vivienda, el Gobierno está viendo qué margen de regulación tiene y que debe ponerse en la balanza tanto el interés económico como el social y el acceso a la vivienda a fin de que cuidando el sector turístico no se genere un problema de inaccesibilidad a la vivienda.

Ha recordado que en febrero tendrán el indicador de precios de referencia con el que se busca limitar los alquileres en zonas tensionadas (más del 40 % de la renta se emplea en pagar la mensualidad) y que la ley es de obligado cumplimento para todas las comunidades, que deberían atender las peticiones que les hacen algunos ayuntamientos para que la apliquen.

A este respecto, la consejera de Vivienda de Baleares, Marta Vidal, ha anunciado que esta comunidad no va a aplicar esa limitación en las zonas tensionadas para mejorar el mercado del alquiler, porque en el caso particular de las islas la medida está consiguiendo el efecto contrario, ya que la demanda sigue siendo la misma y la oferta está bajando de manera sustancial.

También ha recordado otras medidas que no funcionan bien para Baleares, como la reserva obligatoria de suelo para vivienda de protección oficial (VPO), debido al escaso suelo que hay y al resto de limitaciones territoriales y obligaciones urbanísticas, por lo que, ha insistido en que "si tenemos que reservar un porcentaje de suelo para VPO simplemente no se va a desarrollar ninguna promoción".

El ministerio no ha cuantificado el incremento anunciado para el bono del alquiler joven dado que se están elaborando los nuevos presupuestos y ha hecho un llamamiento a las comunidades para que complementen este programa con recursos propios.

Sobre esto, la consejería de Castilla y León ha exigido al Gobierno que ponga fondos suficientes para que todos los jóvenes puedan tener su bono y ha afeado que estén planteando una nueva convocatoria del mismo son coordinarse con las CCAA, que no quieren gestionar esta iniciativa sin suficiente presupuesto.

Ha recordado que los 37 millones de fondos europeos que le corresponden a Castilla y León ya podrían haber llegado a los ciudadanos si la conferencia sectorial celebrada hoy no se hubiera retrasado tanto por "avatares electorales", que a su juicio no pueden impedir que se gestionen los intereses públicos.