El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado hoy su compromiso y defensa del derecho fundamental a la libertad de información, pero ha advertido de que no puede revisar las decisiones de los jueces, que son a quienes corresponde establecer el alcance y límites de ese derecho.

El CGPJ responde así al escrito presentado esta mañana por más de 600 periodistas mostrando su "alarma" por el ataque a la libertad de información que supone la incautación judicial de móviles y ordenadores a periodistas de Mallorca para investigar una filtración del caso Cursach.

La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado una declaración en la que asegura comprender la preocupación de los profesionales del periodismo y medios de comunicación y destaca que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares.

Considera que estos derechos "se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho" y añade: "Sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática".

Por ello, el CGPJ ha manifestado su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información, pero advierte de que la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales.

Añade, asimismo, que la revisión y control "no es ni puede ser función del CGPJ, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes".

"La cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del CGPJ. Lo contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales", ha advertido.

Por eso, recuerda que "sólo a través de los cauces procesales adecuados, podrían los profesionales que se han dirigido al Consejo plantear si ha habido, o no, vulneración de los derechos constitucionales invocados.