La adjudicación urgente a INAER de los helicópteros de la campaña de lucha contra el fuego de 2012 fue legal. La justicia acaba de archivar el proceso que se había abierto en los juzgados de Santiago tras una denuncia del sindicato CIGA, que veía prevaricación administrativa.

"No puede considerarse caprichosa o arbitraria" esa operación- reza el auto de sobreseimiento- porque era urgente para preservar los recursos naturales y la seguridad de las personas.

El proceso penal abierto durante meses sirvió a la oposición para pedir una y otra vez la dimisión del Director Xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, que siempre se mostró tranquilo y confiado en que había actuado conforme a derecho.