El Gobierno ha sumado hoy dos ceses más de altos cargos en el marco de la aplicación del artículo 155 por el que intervino, hace ya casi seis meses, la Generalitat, que se une ahora a la demanda contra el expresidente Artur Mas por destinar fondos públicos al 9N.

Mientras continúa la polémica en torno al posible uso de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1-O, el Govern catalán se adhiere a esta demanda, en la que se pide al Tribunal de Cuentas que condene a Mas a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta anterior, "de acuerdo con los responsables del Gobierno español que tutelan la Generalitat".

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien también ha sido el encargado de aclarar que el cese de Marina Borrell como directora de Relaciones Exteriores de la Generalitat y de Agustí Colomines como director de la Escuela de la Administración Pública fue por incumplir órdenes y por actuaciones que "rompen la convivencia".

Los dos ceses materializados hoy por el Consejo de Ministros siguen a los 260 ya producidos hasta el mes pasado, al cumplirse los 120 días de aplicación del artículo 155.

El PDeCAT ya ha anunciado que preguntará al Gobierno en el Senado por estas destituciones, tras considerar que el Ejecutivo y el Ministerio de Exteriores muestran con ellas que gobiernan "desde la ira".

Millo ha explicado que, en el caso de Borrell, la destitución se explica "por pérdida de confianza", después de la participación del exconseller Lluís Puig en un acto de la oficina de la Generalitat en Bruselas, cuando, ha recalcado, "tenía la instrucción de que no accedieran a la delegación los huidos de la justicia".

El cese de Colomines se justifica por haber protagonizado actuaciones "destinadas a romper los cimientos de la convivencia" con "falta de respeto permanente" e "insultos a periodistas, diputados y al Estado español".

En concreto, Colomines escribió hace unos días en Twitter; "Estamos en guerra", en un mensaje en el que instaba a tomar la iniciativa en lugar de lamerse las heridas.

Tras el Consejo de Ministros, el Gobierno también ha insistido hoy en que, según su información "contable", no se ha destinado "ningún euro" de los fondos públicos al referéndum ilegal del 1-O, aunque le corresponde al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena determinar la "verosimilitud" de estos datos y "decidir" si hay delito.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantizado, que esta documentación se remitirá a Llarena de manera "inmediata" y será él quien se encargue de "ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica", junto con los datos que tenga de la Guardia Civil.

Llarena pidió esta semana por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Sin embargo, los partidos de la oposición han instado a que sea el Gobierno el que aclare esta cuestión y han reiterado hoy sus críticas por las declaraciones de Montoro en este sentido.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al Ejecutivo que aclare si hubo o no malversación de fondos públicos en el 1-O y ha lamentado la "confusión generada" que da a entender que el Gobierno no tiene una hoja de ruta.

Para el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "tampoco hay que ser un detective muy prestigioso" para ver que se destinó dinero público para organizar un referéndum ilegal, y ha citado el informe de la Guardia Civil que cifra en 1,9 millones de euros el total de fondos públicos presuntamente malversados por el Govern.

"Espero que se equivoquen el juez y la Guardia Civil, si no, alguien del Gobierno tiene que depurar responsabilidades", ha concluido.

Tampoco se ha librado de las críticas, en este caso de los partidos independentistas, la decisión de sumarse a la demanda contra Mas por el 9-N que, para el PDeCAT, supone una utilización por parte del PP del artículo 155 para poner la Generalitat "a su servicio y de sus intereses electorales".

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha denunciado que esta adhesión de la Generalitat a la demanda contra el expresidente catalán Artur Mas por el 9N es una "caza de brujas" del Gobierno central realizada "por la puerta de atrás", a través del artículo 155 de la Constitución.