La llegada masiva de inmigrantes a las costas de la península está generando que las autoridades españolas tengan que ampliar su control y dedicar una especial atención a la llegada irregular de personas al país. Una situación que está siendo aprovechada por los narcotraficantes para introducir droga en España. Ramón Cosío, portavoz del sindicato unificado de Policía, ha explicado en 'Herrera en COPE' la realidad que viven día a día los agentes en el control tanto de inmigrantes como narcotráficos.

Ramón Cosío ha reconocido que "sería frívolo" afirmar que no puedan controlar la entrada de droga en el país por falta de efectivos, aunque ha confirmado que "cualquier actividad policial se ve subordinada al flujo migratorio, a todo lo que no está entrando desde el norte de Marruecos". En especial, porque según el portavoz "estamos trayendo efectivos de todas las unidades policiales para hacer las labores de extranjería, pues obviamente, al final, se resiente tanto la lucha contra el narcotráfico como cualquier otro orden de nuestro trabajo".

El portavoz unificado de Policía ha explicado que existen dos tipos de narcotráfico y que si no tienen los agentes y medios suficientes, "la presión sobre esta actividad es mucho menor y sino sienten la presión van a tener más libertad de movimiento y van a sentirse más impunes para hacer esta actividad delictiva".

Asimismo, ha confirmado que la situación en la frontera de Ceuta y Melilla "no ha cambiado". Ramón Cosío ha reconocido que sus compañeros destinados allí "posiblemente tengan el peor puesto de trabajo dentro de la Policía en nuestro país". Para el portavoz es una situación "demencial" porque a un lado de la valla "teníamos a dos polícias y, al otro, a 15.000 marroquíes haciendo cola para entrar". Además, ha elevado el problema no solo a nivel español, sino europeo "sino vamos muy en serio a medio o largo plazo tendremos un problema grave de seguridad".

Por último, Ramón Cosío ha admitido que no hay suficientes agentes para ir destinados a estos puntos y ha denunciado que la administración está delegando toda la responsabilidad y carga sobre los propios policías. Además, ha exigido que se igualen las condiciones con los agentes de la Guardia Civil destinados allí que cobran por un servicio especial.