El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana ha sido trasladado desde el cuartel de la Guardia Civil de Patraix a la Ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaración ante la jueza del caso Erial, en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

A las 12.25 horas ha salido del cuartel de Patraix un coche gris oscuro, en cuyo interior iba Eduardo Zaplana, con destino a la Ciudad de la Justicia de Valencia y pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 8, que es el que lleva el caso.

En este sumario están detenidos, además de Zaplana, el exdirigente de la Agencia Valenciana de Turismo y exconsejero del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer Elisa López, los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía Juan Cotino, el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, y Juan Francisco García, ex jefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat. 

Están investigados también en esta causan, aunque no detenidos, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, Rosa Barceló, mujer de Zaplana, y Mitsuko Henríquez, secretaria personal de Zaplana.  

La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.

La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como "el yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.