El exinterventor de la Consejería de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica ha descargado hoy en su jefe, el interventor general, toda responsabilidad en no paralizar el sistema de pago de las ayudas investigadas en el caso ERE a través de la agencia pública IDEA.

Gutiérrez de la Chica ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Ese "procedimiento específico" consistía en pagar las ayudas a través del ente pública IFA (luego IDEA) con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención advirtió de que se estaba usando de modo "inadecuado" ya que su destino es cuadrar las cuentas de los organismos públicos y financiar actividades propias de estos pero "con cargo a esa aplicación presupuestaria no se pueden pagar subvenciones" que daba la Consejería.

La Fiscalía y las acusaciones sostienen que se eludía así la fiscalización previa que debe tener toda ayuda de la Junta, y el testigo ha explicado que lo que fiscalizaba el interventor de la Consejería de Empleo era simplemente el traslado del dinero, pero la ejecución del gasto se fiscalizaba a posteriori en la Intervención encargada del Control Financiero de IDEA.

"Las transferencia de financiación en la contabilidad de la Consejería de Empleo no es un gasto a justificar, no hay nada que justificar", ha subrayado.

La declaración del testigo, que fue interventor en la Consejería de Empleo en 2003 y 2004 y desde ese año a 2011 en la de Innovación, ha estado plagada de "no recuerdo" como respuesta, incluso cuando el fiscal le preguntaba por sus respuestas a la Guardia Civil en 2012, pese a que ha ratificado esa declaración.

Ha asegurado que no había relación entre la Intervención de IDEA y la de la Consejería a la que estaba adscrita (primero Empleo y desde 2004 Innovación), lo que ha motivado que el fiscal usara la expresión de que eran "compartimentos estanco".

Y es en los interventores de IDEA y en el interventor general -Manuel Gómez es uno de los acusados- en quienes Gutiérrez de la Chica ha descargado toda responsabilidad para decidir un reparo que suspendiera la fórmula usada para pagar las ayudas investigadas, al afirmar que "tienen mucho más conocimiento que yo" de cómo se está ejecutando el gasto y que "por encima" de los intervententores de las consejerías está el interventor general y aquellos actúan "por delegación" de éste.

Así, ha recordado que en 2004 el interventor general ordenó retener un crédito para la concesión de una ayuda e igualmente determinó cuándo se levantó dicho reparo, según él, sin explicarle las razones.

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