El exconsejero de Agricultura murciano Antonio Cerdá y otras 10 personas han sido citados para declaración judicial como investigados como presuntos autores de delitos de fraude y societarios, malversación y fraude de subvenciones en la construcción y gestión de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena).

La jueza de instrucción número 5 de Murcia quiere aclarar si los investigados causaron perjuicio a las arcas regionales al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno regional con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público.

El auto fechado el 7 de marzo levanta el secreto de sumario que pesaba sobre esta investigación desde que se acordara abrir diligencias previas en abril de 2016 tras una querella del fiscal.

Ve indicios de la presunta comisión de esos delitos, que se habrían cometido en la gestión y explotación de la desalinizadora, que comenzó siendo un proyecto privado puesto en marcha por cinco empresarios murcianos con el nombre de Hidromanagement como firma.

La investigación quiere esclarecer si el Gobierno había decidido previamente asumir el proyecto privado y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006.

Según el fiscal, el objetivo sería burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural de recursos hídricos en la cuenca.

El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.

Por ello, el juzgado atribuye a Cerdá un papel "esencial", por lo que acuerda llamarlo a declarar como investigado junto a los antiguos gerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer y al abogado y ex secretario general de ese organismo Andrés Arnaldos.

También deberán declarar como investigados representantes de los bufetes Ariño y Cuatrecasas, que avalaron la firma de los contratos con ACS, una de cuyas cláusulas estipulaba que el Gobierno debería abonar el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del contrato, con lo que el global ascendería a 600 millones de euros.

Todos estos extremos se incluyen también en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada el año pasado en la Asamblea Regional de Murcia, donde la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideró a Cerdá y al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel "líderes" de una "trama" urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el "pelotazo" urbanístico en la región.

Los responsables regionales de esos tres partidos han pedido hoy explicaciones al actual presidente murciano, Fernando López Miras, y denunciado que la investigación judicial constata la existencia de irregularidades en la gestión y explotación de la planta, que actualmente suministra la mayoría de sus caudales a la agricultura.