El director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), Eduard Vilà, ha alegado hoy ante el juez que el despliegue de la hacienda catalana durante la pasada legislatura entraba dentro del marco competencial autonómico y que los datos fiscales de los ciudadanos fueron obtenidos de forma legal.

Vilà ha comparecido hoy en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el juez Juan Antonio Ramírez, que indaga sobre la organización del referéndum del 1-O.

Durante su comparecencia, el director de la hacienda catalana ha alegado, según fuentes judiciales, que todos los datos fiscales recabados por el órgano son los necesarios para la gestión de los tributos, y que estos fueron obtenidos legalmente.

En este sentido, ha recordado que la Agencia Tributaria catalana superó la auditoría encargada por el Govern a la Autoridad Catalana de Protección de Datos a raíz de las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes.

El director de la ATC también ha equiparado el funcionamiento de la agencia, considerada una "estructura de estado" por el ejecutivo catalán, al de comunidades autónomas como Baleares, Cantabria o Murcia, entre otras.

Además de Vilà, hoy han declarado como testigos ante el juez Andreu Palacín, jefe del área de las TIC de la Agencia Tributaria, y Joan Ignasi Sánchez, asesor del departamento de Gobernación de la Generalitat, que dirigía Meritxell Borràs, y que fue detenido el pasado 20 de septiembre en el marco de una operación de la Guardia Civil, ordenada por el juez del 1-O.

Los testigos vinculados a la ACT han sido preguntados por sus competencias y funcionamiento, y por el software Espriu, desarrollado para gestionar los impuestos de la hacienda catalana.

Durante su comparecencia, según las fuentes, han explicado que tanto el desarrollo de un sistema informático como la implantación de ocho nuevas oficinas, entre otras acciones dentro del despliegue del órgano, respondían a una voluntad de ganar eficiencia y reducir gastos.

Asimismo, han declarado que las tareas de recaudación de la agencia han seguido en funcionamiento durante los meses de aplicación del artículo 155, que dejó intervenidas las cuentas de la Generalitat, y que el número de trabajadores se ha incrementado, situándose en sobre los 730.

Por su parte, según esta fuentes, Sánchez ha negado ante el juez haber trabajado para el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), cuando ha sido preguntado al respecto.

El 20 de septiembre de 2017, Sánchez fue detenido en Sabadell por la Guardia Civil, que efectuó un registro en el domicilio particular del asesor en el marco de una operación policial dirigida por el titular de instrucción 13, que terminó con 14 detenidos ese día.