Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Asturias rechazan el plan de descarbonización que ha planteado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, desde su llegada al cargo.

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, cree que "las declaraciones de la nueva ministra rozan la falta de respeto con nuestra comunidad; no sé qué prisa tiene por cerrar las centrales térmicas", pero "no vamos a permitir que se hable de cerrar sin que ponga ninguna alternativa sobre la mesa", advierte Lanero, que asegura que le pide a Ribera "más diálogo, más respeto y que venga a conocer la realidad de Asturias".

El secretario general de UGT en Asturias rechaza las últimas propuestas de la responsable de la cartera de Transición Ecológica: "Todo lo que habla son teorías y al final, no harán nada más que transferir cuatro perras para contentar a la gente y callarle la boca, pero sin contemplar una alternativa industrial para los territorios que puedan quedar descarbonizados".

Desde Comisiones Obreras Asturias, su secretario general, José Manuel Zapico, defiende la creación de "un frente político y social amplio para defender los intereses de los asturianos" porque, según dice, "Asturias se la está jugando" con este asunto. Zapico cree que "en el mix energético no sobra ninguna fuente de energía, y el carbón de las cuencas mineras asturianas tiene que seguir jugando un papel importante".

Al igual que su homólogo de UGT, el líder de Comisiones Obreras en Asturias, pide "prudencia y diálogo" y asegura que "el Gobierno de Pedro Sánchez no puede cometer el error de renunciar al carbón, porque el país que renuncia a tener fuentes de energía propias está renunciando a parte de su soberanía".

Acuerdo para que el 32% de la energía sea renovable en 2030

Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado, por su parte, un acuerdo para fijar, como objetivo para 2030, que el 32% de las energías sean renovables. En 2023, además, habrá una revisión al alza. 

La cuota acordada se situa en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27, aunque había países más ambiciosos, como el nuestro, alineados con la postura de los eurodiputados.