La juez Alaya está acelerando el proceso de los ERES falsos tras su baja. La investigación está en marcha y no se pueden precipitar las conclusiones. Tampoco saltar por encima de la presunción de inocencia.   Si se confirman los indicios que vamos conociendo estaríamos ante una trama que funcionó mientras el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, era consejero de Economía.            La información que estamos conociendo apunta a varias fórmulas  para malversar mucho  dinero público que estaba destinado a los parados.  Parece que se incluyeron personas políticamente afines en los ERES para beneficiarlas con indemnizaciones por un trabajo que nunca hicieron. Parece que se pagaron más de 50 millones de euros en comisiones a consultoras, aseguradoras y responsables sindicales. Actuaban como intermediarios entre las empresas beneficiarias de lso EREs  y la Junta. De este modo se gastaron más de 1.200 millones de euros en ayudas que ahora están bajo sospecha.              Las responsabilidades políticas de tanta posible suciedad están por depurar. El PSOE perdió las últimas elecciones en Andalucía. Y aunque las hubiera ganado, si se da por probada la responsabilidad de sus altos cargos, no puede seguir diciendo que las urnas han limpiado su inmediato pasado.