El Gobierno descarta que se plantee la ilegalización de ningún partido de cara a las elecciones catalana del 21 de diciembre. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, da por hecho que todas las formaciones, que así lo consideren, van a a poder presentarse. También Puigdemont y los exconsejeros que están con él en Bélgica podrán ser candidatos.

Catalá ha afirmado que todos los afectados por ambos procedimientos tienen sus derechos políticos "intactos" y por tanto se pueden presentar como candidatos a los comicios del 21 de diciembre, ya que únicamente se puede establecer una inhabilitación en este sentido por sentencia judicial y "de aquí al 21 de diciembre no hay tiempo" para llegar a una resolución en este caso.

También ha asegurado que en este momento el Gobierno español "no plantea ni tiene encima de la mesa" la posibilidad de ilegalizar ningún partido de cara a esas elecciones.

Ha recalcado que la aplicación del artículo 155 en Cataluña "finalizará" con la celebración de las elecciones autonómicas, de las que saldrá un parlamento y un gobierno catalán nuevo del que espera que "se comporte con la lealtad institucional y constitucional con la que históricamente se ha comportado la Generalitat".

El titular de Justicia ha remarcado, sobre este asunto, que el artículo 155 no se ha aplicado porque el Gobierno catalán quiera la independencia, sino por "la acción de incumplir la Constitución", y ha rechazado que las medidas consecuencia de ese artículo se puedan "ajustar o variar" antes de las elecciones "porque no da tiempo material en una situación casi de precampaña a hacer esa reflexión".

Según ha expuesto, la democracia española "garantiza el libre ejercicio de la opción política y uno puede ser republicano o querer la independencia, pero siempre respetando las reglas", un marco que se puede cambiar, aunque "dentro de la ley y con diálogo y acuerdo", ha precisado.

Ha mantenido que la "derivas secesionistas solo traen empobrecimiento social y huida de empresas" a la vez que dejan a un territorio "aislado, lo que le hace más pequeño y pobre".

"La vacuna antipánico es la seguridad jurídica que da el Estado de derecho", ha dicho, y ha añadido que los gobiernos "están para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos".