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Tapia |

La explotación de oro de Salave es una iniciativa con la cual pretenden generar expectativas indecentes en la población

Las organizaciones ecologistas asturianas reiteran su oposición a la iniciativa minera de Salave que se pretende en los concejos de Tapia, Castropol y El Franco, dados sus impactos ambientales inasumibles, sus riesgos ciertos para la salud de la población y las consecuencias incompatibles con un desarrollo sostenible de la costa occidental. Y ello con absoluta independencia de los gastos de propaganda en los que incurra el promotor ASTURGOLD, anunciando la contratación de empresas teñidas de algún mérito ecologista remoto.

La explotación del oro en Salave es una iniciativa con la cual intentan generar expectativas indecentes en la población, esgrimiendo cientos de puestos de trabajo y millones de euros de beneficio para el concejo, a sabiendas de que no hay proyecto válido ni rentabilidad demostrada. Tenemos la experiencia que trocó en mentiras promesas similares en otras explotaciones auríferas asturianas -Belmonte y Salas-, en las que una vez extraído el beneficio nos resta una pesada losa hipotecaria de residuos y espacios sin restaurar, nada de lo aireado antes de su instalación. Tenemos el convencimiento de que la actividad minera tendría un importante impacto negativo sobre el modelo socioeconómico de la zona, basado en la agricultura, ganadería y, de manera muy significativa, en el turismo de paisaje, una de cuyas líneas de actuación pasa por la puesta en valor para el disfrute ciudadano del patrimonio natural y cultural de los Lagos de Silva, de innegable valor ecológico, con especies protegidas, algunas de ellas endémicas, hasta el punto de que se aprobó en el año 2008 en la Junta General del Principado de Asturias una moción para declarar los Lagos de Silva Espacio Natural Protegido. A ello también debemos añadir los restos arqueológicos de la antigua explotación romana que le aportan valor patrimonial adicional. Entre las afecciones negativas que produciría la extracción del oro estarían, además de la degradación paisajística, el riesgo de contaminación generado por los lixiviados cianurados y los vertidos de la escombrera del mineral, la contaminación atmosférica y sonora que provocaría el funcionamiento de la maquinaria y el aumento de tráfico de vehículos pesados, así como la apertura de pistas de acceso y movilidad para la explotación. La situación de desempleo que sufrimos y por tanto el grave deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, no puede ser excusa para que debamos aceptar cualquier actividad económica generadora de jornales. Ya tenemos experiencia en actividades industriales en nuestra región que después de devastar el territorio han dejado una herencia que imposibilita todo futuro para la zona. Además en este caso, también sabemos, por propia experiencia- de nuevo Salas y Belmonte- que los puestos de trabajo generados serían muchos menos de los que la empresa minera está prometiendo y serían de mano de obra especializada que provendría de fuera de la comarca. Se necesitan puestos de trabajo en actividades útiles y necesarias para la sociedad, y que no pongan en peligro la biodiversidad, que es condición indispensable para nuestra propia supervivencia. Es el interés general quien ha de dirigir la necesaria reconversión ecológica de nuestra economía y no debemos dejarla en manos de los intereses privados que sólo buscan su exclusivo beneficio.