En rueda de prensa, ha considerado que la reforma debe ser negociada y sin imposiciones, y ha reclamado la convocatoria urgente de una ronda de consultas con los sindicatos, al tiempo que ha exigido garantías para la estabilidad de los empleados públicos y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.Tras advertir que los trabajadores no aceptarán la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, Borra ha reconocido aspectos positivos del anteproyecto.Entre ellos, ha destacado la racionalización del gasto público, la eliminación de duplicidades, la mejora de la eficiencia, la profesionalización y despolitización de las administraciones o que los secretarios e interventores municipales vuelvan a ser competencia de la administración central.No obstante, se ha mostrado preocupado por que la reforma afecte de "manera troncal" a las condiciones laborales de más de medio millón de empleados públicos que trabajan en la administración local, así como a la gestión, la calidad y la ordenación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.Borra ha pedido expresamente garantías sobre la calidad y el carácter público de materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales.A su juicio, el anteproyecto, en su actual redacción, deja la puerta abierta a la privatización de algunos servicios y vacía de contenido a más del 90 por ciento de los ayuntamientos.Ha instado a delimitar el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la prestación de los servicios a los ciudadanos y aprovechar para que el Gobierno delimite "con claridad meridiana" los servicios públicos que deben prestar las administraciones directamente a través de empleados públicos y cuáles a través de otras formas de gestión.A su juicio, no se pueden externalizar los servicios sociosanitarios y los de seguridad, aunque no ha descartado que sí se pueda hacer con la limpieza.Respecto a las retribuciones, Borra ha insistido en que se debe mantener la negociación colectiva en cada ámbito administrativo y en que su sindicato no aceptará "una nueva rebaja generalizada" para los empleados locales, "por la puerta de atrás y sin negociación".Ha aplaudido que se fijen los sueldos de los alcaldes y que se reduzca el número de asesores, si bien ha dicho que es "insuficiente" para afrontar "el grave problema de derroche y gastos superfluos" en la administración.Ha añadido que, aunque desconocen el número real de asesores, sus estimaciones apuntan a que hay 20.000.Tras considerar que la reforma puede ser una ocasión perdida si no se negocia con todas las partes, Borra ha recordado que durante el año pasado unos 200.000 empleados públicos dejaron de trabajar, especialmente en educación y sanidad.