Lo han desvelado en en publico la delegada de la asociación AMPGYL, Lola Domínguez, y el coordinador de Movimiento contra la Intolerancia, Angel Galán. En la práctica se trata de conculcar a los padres su inalienable derecho de educar a sus hijos como mejor entiendan. Se quiere implantar en todos los centros educativos: públicos, concertados y privados, y -ATENCIÓN- desde la educación infantil. Y ojo con aquellos centros que no cumplan porque están previstas sanciones económicas que -en caso de considerarse muy graves- pueden alcanzar los 45 mil euros y la imposibilidad de recibir ayudas públicas durante tres años. Es decir, a los colegios que se nieguen se les amenaza con un buen pellizco económico pero también con la retirada fulminante del concierto si lo tiene.